Los organizadores de la protesta contra el tratado de Gibraltar recientemente publicado han afirmado que la asistencia habría sido mayor de no ser por el temor a represalias.
Un grupo de gibraltareños marchó por las calles del territorio el 5 de marzo para exigir un referéndum sobre el ansiado tratado post-Brexit, al que tildaron de “tránsfuga”.
Los organizadores sostienen que muchos más de los 40.000 residentes del Peñón se oponen al acuerdo, pero temen manifestarse por miedo a retaliaciones.
Un asistente, que prefirió mantener el anonimato, declaró: “La gente aquí tiene mucho miedo de mostrar su rostro o siquiera opinar por las represalias del gobierno, y eso es un hecho”.
The Olive Press comprende que varios organizadores han sufrido acoso y burlas en Facebook desde entonces.
El partido opositor Together Gibraltar ha acusado reiteradamente al gobierno de fomentar una ‘cultura del miedo’ dentro de la pequeña y unida comunidad del Peñón, lo que sirve para silenciar a las ONG y colectivos civiles que no siguen la línea oficial.
Los organizadores de la protesta temen que esta ‘cultura del miedo’ pueda sofocar sus movilizaciones.
Los convocantes estuvieron obligados a solicitar permiso policial con seis días de antelación, presentando su solicitud el 27 de febrero.
Mientras, los activistas alegan que el gobierno y la oposición retrasaron deliberadamente una moción parlamentaria para aprobar el tratado hasta el 4 de marzo —justo un día antes de la manifestación—, lo que, según ellos, redujo aún más la participación.
El grupo tras la protesta afirmó que unas 300 personas se congregaron en la histórica plaza de Casemates —una cifra contradicha por la GBC, que reportó la asistencia de solo ‘algo más de 80’ personas.
The Olive Press estima que aproximadamente un centenar de personas participaron en la protesta.
El colectivo exige un referéndum sobre el tratado, insistiendo en que los gibraltareños deben tener voz directa en el futuro del Peñón.
El destino del tratado depende ahora de la UE y el Reino Unido, quienes deben decidir si lo aprueban.
Debe ser ratificado formalmente por el Parlamento británico y la Comisión Europea para su implementación antes del 10 de abril —fecha en la que el nuevo sistema EES de la UE debe activarse en cada punto de entrada a la zona Schengen.
Los organizadores de la protesta demandan un referéndum para que ‘sea la gente aquí quien decida’.
Señalan que el gobierno español se opuso a un referéndum durante las negociaciones y el Reino Unido cedió, lo que, para un asistente, ‘nos priva de un derecho democrático’.
El Artículo 66 del tratado también es muy controvertido —permite a España terminarlo, pero Gibraltar no tiene ese derecho.
El gobierno gibraltareño está solicitando al gobierno británico que añada un concordato al tratado que permita a Gibraltar finalizarlo.
Sin embargo, un concordato no es un acuerdo jurídicamente vinculante, lo que preocupa a los gibraltareños, y con la fecha límite acercándose no hay garantías de que esto sea aprobado.
Mientras el futuro del Peñón sigue siendo incierto, casi diez años después del referéndum del Brexit en el que el 96% de la población votó por permanecer, muchos gibraltareños temen que sus voces sigan sin ser escuchadas.
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