Una iniciativa legislativa popular busca recoger 50.000 firmas para legalizar la eutanasia en Italia. El proyecto de ley, compuesto por ocho artículos, ha sido presentado ante el Tribunal de Casación por la Asociación Luca Coscioni.
“Queremos darle a Italia la oportunidad, mediante firmas ciudadanas, de proponer al Parlamento una ley que regule el acceso a todas las opciones del final de la vida”, declaró Filomena Gallo, secretaria nacional de la asociación, en una rueda de prensa. “Este proyecto permite el acceso tanto al suicidio médicamente asistido como a la eutanasia activa. Se basa en sentencias del Tribunal Constitucional, que en cuatro ocasiones ha instado al Parlamento italiano a actuar aprobando una ley”.
Doce años después de la primera propuesta legislativa sobre eutanasia, la asociación ha decidido reactivar herramientas de iniciativa popular para “establecer las condiciones y procedimientos para finalizar voluntariamente la vida, incluso con asistencia activa de un médico”.
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Para presentar el proyecto en el Parlamento, se requieren 50.000 firmas. El objetivo es recogerlas antes del martes 16 de julio, fecha en que el Senado debatirá propuestas relacionadas con el suicidio asistido. La recogida de firmas comenzará el miércoles 26 de junio y se realizará tanto en línea, mediante una plataforma dedicada, como presencialmente en toda Italia.
“Pedimos algo sencillo”, enfatizó Marco Cappato, tesorero de la asociación: “que quienes sufren en Italia tengan la misma libertad de elección que ciudadanos de España, Países Bajos, Bélgica o Luxemburgo. Que el Parlamento italiano asuma su responsabilidad, como hacen los parlamentos francés, británico y escocés, debatiendo abiertamente —más allá de divisiones políticas— sobre la legalización de la eutanasia”.
Mina Welby, presidenta de la associación y viuda de Piergiorgio Welby, no dudó en afirmar que, de aprobarse la ley, podría “solicitar que se le permita morir. Sería la mayor felicidad”.
El proyecto establece que la muerte voluntaria asistida estaría disponible para adultos en pleno uso de sus facultades, afectados por enfermedades irreversibles o condiciones terminales con pronóstico a corto plazo, que causen sufrimiento físico o psicológico considerado intolerable por la propia persona.
La elección entre autoadministración del fármaco letal o administración por un médico quedaría a voluntad del paciente, según su condición clínica y preferencias personales, en acuerdo con un profesional. El procedimiento podría realizarse en centros sanitarios públicos, privados conveniados, o en domicilio con asistencia médica.
Todo el proceso estaría supervisado por el Servicio Nacional de Salud e incluiría un trámite de verificación que deberá completarse en 30 días. Se garantiza el derecho a objeción de conciencia para el personal sanitario, pero las instituciones deben asegurar que el procedimiento pueda realizarse.
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