La propietaria ha comparecido en televisión afirmando poseer 50 pisos. Crédito: Policía Local de Pego.
La tensión en el sector inmobiliario de Pego se agravó notablemente el 2 de enero, cuando una empresa de desahucios forzosos actuó en varios edificios de las calles Duanes y Avenida de València, dirigiéndose contra familias que insisten en tener contratos de alquiler vigentes.
Una vecina ha denunciado públicamente el acoso sufrido por su hogar—que incluye a miembros mayores y niños pequeños—por parte de la empresa contratada por la nueva dueña de los inmuebles. El conflicto ha atraído la atención de la Asamblea de Jóvenes Socialistas de La Safor y Marina Alta, que difundió imágenes mostrando al equipo de desahucio apostado frente a uno de los edificios afectados.
La propietaria ha aparecido en televisión alegando ser titular de 50 viviendas, subrayando así su condición de gran tenedora de inmuebles.
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Corte de luz e intimidación
Según la vecina, la situación se recrudeció cuando trabajadores de la empresa cortaron el suministro eléctrico. Al acercarse a los contadores, se encontraron con ocho hombres corpulentos que, presuntamente, amenazaron a los adultos y grabaron con cámara tanto a ellos como a los niños —de uno y cuatro años— ignorando las súplicas de la madre.
La familia sostiene que su arrendamiento es plenamente legal, con un contrato estándar vigente hasta 2029. El conflicto surgió hace aproximadamente un año, cuando la anterior propietaria quebró y la nueva adquirió los edificios, negándose a aceptar pagos y exigiendo el desalojo inmediato.
“Ofrecimos abonar la cantidad del contrato, incluso más, pero se niega a facilitarnos un número de cuenta”, declaró la inquilina. Los residentes afirman que los tribunales ya se han pronunciado a su favor en casos previos, ya que la ley española obliga a los nuevos dueños a respetar los contratos de alquiler existentes.
Campaña de acoso
Con anterioridad al intento de desahucio, los inquilinos habían reportado un acoso continuo: coches vandalizados, espejos rotos y garajes cerrados con los vehículos dentro. La vecina también alega el robo de pertenencias valoradas en unos 70.000€ desde trasteros, habiéndose presentado denuncias policiales.
La empresa de desahucios controla ahora estrictamente la entrada, impidiendo el acceso a cualquiera que no sea residente directo, incluidos técnicos de Iberdrola enviados para restablecer la luz.
Menores grabados y presencia policial
La situación empeoró cuando cámaras de la televisión pública grabaron a niños dentro de la vivienda sin consentimiento paterno. Agentes de la Policía y Guardia Civil presentes no lo impidieron, arguyendo que las imágenes se pixelarían posteriormente.
La familia permanece sin suministros básicos, bajo custodia continua de personal que, según se informa, realizará guardias de 24 horas durante tres días para forzar su desalojo.
Agresiones físicas y acciones legales
Un residente de Avenida de València relató haber sufrido agresiones físicas e intimidación durante el operativo. “Me están golpeando, no puedo entrar en mi casa y han cortado la luz y el agua”, declaró, añadiendo que interpondrá denuncia.
Confirmó tener un contrato legal firmado con el anterior dueño. Desde el cambio de propiedad, sus intentos de pagar el alquiler han sido rechazados, y el caso está en mediación hasta el 7 de enero. “Teníamos un proceso legal en curso y, de repente, apareció este grupo, cortó los suministros y nos impidió entrar”, explicó.
El conflicto afecta a una decena de familas en tres edificios, todas con procedimientos judiciales abiertos y privadas de suministros. “Nos dicen que actuemos por la vía legal, pero mientras, seguimos sin luz ni agua hasta que decida un juez”, afirmó el residente.
La propietaria impugna los contratos
Contactada, la nueva propietaria calificó los contratos de “fraudulentos”, sugiriendo que algunos individuos aprovecharon la bancarrota del anterior dueño para alquilar ilegalmente. Insiste en poseer documentación y resoluciones judiciales que avalan su postura, y afirma que muchos antiguos residentes ya se marcharon tras acuerdos económicos.
Argumenta que el operativo de desahucio fue una forma de “mediación” y sostiene que actúa dentro de la ley, con asesoramiento jurídico profesional, al tiempo que alega haber recibido amenazas de los inquilinos. Mantiene que su objetivo es “regularizar” la situación y desalojar a quienes ocupan las viviendas de modo indebido.