Las familias de dos hombres trinitenses que fallecieron en un ataque con misil estadounidense en el Caribe en octubre, han presentado una demanda contra la administración Trump en un tribunal federal. Alegan que los "asesinatos premeditados e intencionados carecen de justificación legal alguna."
Según una demanda de 23 páginas presentada el martes, Chad Joseph y Rishi Samaroo estaban entre los seis pasajeros que murieron cuando su embarcación fue destruida por un misil norteamericano el 14 de octubre de 2025. La madre de Joseph y la hermana de Samaroo presentaron la demanda en nombre de sus familias, nombrando a Estados Unidos como responsable.
Este ataque forma parte de la campaña de la administración Trump contra barcos presuntamente narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, enfocandose principalmente en embarcaciones procedentes de Venezuela. La administración ha realizado al menos 35 ataques desde septiembre, el más reciente la semana pasada, con un saldo de más de 100 fallecidos.
En su momento, el presidente Trump publicó imágenes del ataque del 14 de octubre en Truth Social, afirmando que la inteligencia mostraba que el barco "traficaba con narcóticos, estaba asociado con redes ilícitas narcoterroristas y transitaba por una ruta conocida de [organización terrorista designada]." Dijo que murieron "seis narcoterroristas masculinos."
Imágenes que muestran una embarcación explotando tras ser alcanzada por un misil estadounidense en el Caribe el 14 de octubre de 2025.
Presidente Trump / Truth SocialLa demanda indica que Joseph y Samaroo vivían en Trinidad y Tobago y habían viajado a Venezuela para pescar y trabajar en granjas. Regresaban a sus hogares en la embarcación que fue atacada.
Joseph tenía 26 años y dejó una esposa y tres hijos en Trinidad y Tobago. Llamó a su esposa dos días antes de su muerte para decirle que había conseguido transporte para volver a casa. Su familia no volvió a saber de él.
Samaroo tenía 41 años y había estado encarcelado desde 2009 hasta 2024 "por su participación en un homicidio." En agosto de 2025, llamó a su hermana para decirle que estaba en Venezuela trabajando en una granja. Dos días antes del ataque, informó a su familia que volvería a Trinidad en un par de días. Fue la última vez que tuvieron noticias suyas.
La demanda afirma que "el Sr. Joseph y el Sr. Samaroo no eran miembros ni estaban afiliados a cárteles de drogas." La administración justifica la campaña argumentando que los ataques se dirigen a barcos de cárteles que transportan drogas.
"El gobierno trinitense ha declarado públicamente que ‘no tiene información que vincule a Joseph o Samaroo con actividades ilegales’, y que ‘carece de información sobre que las víctimas de los ataques estadounidenses estuvieran en posesión de drogas ilegales, armas o armas ligeras’", según la denuncia.
La demanda busca una compensación para las familias bajo dos leyes federales: la Ley de Muertes en Alta Mar y el Estatuto de Agravios contra Extranjeros. Las familias están representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro por los Derechos Constitucionales.
Esta es al menos la segunda acción legal emprendida por familias de víctimas de los ataques a barcos de la administración Trump. En diciembre, los familiares de Alejandro Carranza Medina, de 42 años, presentaron una queja contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que Medina no estaba involucrado en el narcotráfico y se dedicaba a la pesca cuando su barco fue destruido.