El Tribunal Supremo de España decretó este jueves el ingreso en prisión de un antiguo aliado próximo al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de una investigación por corrupción que amenaza con derribar el ejecutivo de izquierdas.
La pesquisa judicial sobre José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura prominente del Partido Socialista que contribuyó a alzar a Sánchez al poder en 2018, constituye uno de los varios escándalos de corrupción que sacuden su frágil coalición minoritaria.
Se sospecha que Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y otra exalta cargo socialista, Santos Cerdán, se embolsaron comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos de material sanitario durante la pandemia de Covid-19.
El Tribunal Supremo indicó en un comunicado que Ábalos y García quedarán en prisión provisional sin fianza, acusados de cohecho, tráfico de influencias, malversación y por existir un riesgo de fuga “extremo”.
“Existen numerosos indicios racionales de criminalidad contra ambos”, añadió el tribunal, señalando que las medidas adoptadas se producen “combinadas con un previsible juicio inminente”.
La Fiscalía solicita 24 años de cárcel para Ábalos —expulsado del partido y actualmente diputado no adscrito— y 19 años y medio para García.
En cuanto a Cerdán, quien fue liberado la semana pasada, permaneció casi cinco meses entre rejas tras renunciar a su influyente cargo de secretario de organización de los socialistas y a su acta de diputado.
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El caso ha conmocionado a un gobierno que llegó al poder prometiendo sanear la política española tras la condena del conservador Partido Popular por su propio caso de corrupción.
La crisis ha llegado incluso a amenazar la estabilidad de la coalición liderada por los socialistas junto al partido de ultrazquierda Sumar, avivando los rumores sobre la posibilidad de unas elecciones anticipadas.
Sánchez ha negado cualquier financiación irregular de su formación y se ha resistido a convocar elecciones, afirmando el mes pasado que “todos los gastos han sido justificados, acreditados y auditados”.
Además, otras investigaciones por corrupción han afectado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, así como a su hermano menor, David Sánchez.
Estos problemas judiciales agravan la situación del gobierno en minoría, que ya enfrenta notables dificultades para sacar adelante su legislación.