Según el Ayuntamiento, a Pomares se le cursaron notificaciones electrónicas el 1 de septiembre, las cuales fueron rechazadas el 12 del mismo mes. Posteriores intentos de notificación presencial por parte de la policía local en su domicilio los días 18 y 19 de septiembre resultaron infructuosos, al negarse un familiar a recibirlas.
El Ayuntamiento de Orihuela se ha visto obligado a publicar un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras los reiterados intentos fallidos de notificar documentos oficiales al exjefe de la Policía Local, José María Pomares.
Las notificaciones se refieren al inicio de un procedimiento de declaración de lesividad, un mecanismo legal que permite a la Administración impugnar sus propios actos previos cuando se consideran lesivos para el interés público.
De acuerdo con el Consistorio, a Pomares se le enviaron notificaciones electrónicas el 1 de septiembre, que fueron rechazadas el día 12. Los intentos posteriores de notificación presencial en su domicilio los días 18 y 19 de septiembre por parte de la policía local tampoco tuvieron éxito, ya que un familiar rehusó acceptarlas.
Dos nuevos intentos el 23 de septiembre también fracasaron. En consecuencia, la Administración optó por la publicación de la notificación en el BOE, dejándola a disposición del interesado en la sede municipal y en la sede electrónica por un plazo de quince hábiles.
La declaración de lesividad suele producirse en el ámbito de los conflictos laborales, como las reclamaciones de horas extraordinarias no abonadas o las irregularidades procedimentales. Si bien permite a la Administración solicitar posteriormente la anulación de actos favorables al empleado, la notificación en sí es meramente informativa y no es susceptible de recurso. Pomares, por su parte, niega que los agentes intentaran personarse en su domicilio y sostiene que todas las notificaciones deberían haberse practicado por vía electrónica.
El caso evidencia una aparente paradoja: desde el mes de marzo, Pomares ha presentado 227 escritos ante el Ayuntamiento, a pesar de que, supuestamente, eludía las notificaciones oficiales. Este litigio tiene su origen en su jubilación forzosa el 18 de septiembre, a pesar de haber solicitado permanecer en el servicio activo hasta cumplir los 67 años en 2027.
El 3 de octubre, Pomares, ejerciendo su propia defensa como letrado, interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, en la que solicita su reintegro en el cargo de jefe de policía, el abono de los salarios dejados de percibir desde el 19 de septiembre, una indemnización por las bolsas red de horas extraordinarias no recibidas —con un promedio de 25 anuales a 225 euros cada una, lo que asciende a 5.725 euros— y la aplicación de los complementos de carrera profesional. Anteriormente, había interpuesto otras acciones legales, como una solicitud de suspensión del decreto de jubilación —denegada por el juzgado—, así como denuncias contra el alcalde y un concejal por presunto acoso laboral, que se resolvieron como un conflicto laboral.
El Consistorio había iniciado, además, un expediente disciplinario por falta grave, que fue archivado como consecuencia de su jubilación. Días antes de su cesé, Pomares renunció a asistir al acto de homenaje tradicional de la Policía Local, donde se le haría entrega de su diploma de jubilación, alegando disconformidad procedimental y personal. Durante el evento, el alcalde enfatizó los principios de honradez, conducta ejemplar y respeto a los superiores, una declaración ampliamente interpretada como dirigida a Pomares.
Esta prolongada contienda jurídico-administrativa subraya la tirantez existente entre Pomares y el Ayuntamiento de Orihuela, poniendo de relieve la compleja interacción entre los procedimientos administrativos, los conflictos laborales y la rendición de cuentas en el ámbito del gobierno local.