La prestigiosa inmobiliaria Engel & Völkers se enfrenta a una multa millonaria de 16 millones de euros después de que la Inspección de Trabajo de España detectara que la firma utilizaba a cientos de agentes como ‘falsos autónomos’ en Barcelona.
Los inspectores descubrieron que alrededor de 400 agentes en la capital catalana estaban registrados como autónomos, cuando en realidad la compañía ejercía un control absoluto, fijaba sus remuneraciones y les daba órdenes como a cualquier empleado.
Este mecanismo permitió a la empresa de origen alemán evadir sustanciales pagos a la Seguridad Social, incrementando así sus beneficios de forma artificial.
No se trata de un hecho aislado. Con anterioridad, en Valencia, las autoridades ya sancionaron a Engel & Völkers con otra multa de 6,4 millones de euros. De acumularse ambas sanciones, la compañía debería abonar más de 22 millones en conceptos de deuda.
Los tribunales valencianos ya han desestimado el recurso presentado por la inmobiliaria, por lo que será el Tribunal Supremo quien decida de forma definitiva si la cantidad debe ser liquidada.
En el caso de Barcelona, la empresa ha interpuesto un recurso y asegura que está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias judiciales.
La dirección alega que abandonó el modelo de ‘autónomos’ en 2024, sustituyéndolo por contratos laborales convencionales. Aseguran que no fue una respuesta a la inspección, sino una medida para “profesionalizar” su fuerza de ventas.
Esta práctica guarda un claro paralelismo con la empleada por compañías como Uber o Glovo, cuyos repartidores fueron igualmente considerados falsos autónomos para reducir costes, a pesar de desempeñar funciones propias de un asalariado.
Según los inspectores, los agentes de Engel & Völkers carecían de autonomía real, reduciéndose su condición a una mera simulación de independencia.
Las investigaciones no se limitan a España. En junio, la fiscalía alemana registró la sede central del grupo en Braunschweig por sospechas similares de fraude.
Con una red de 20.000 agencias y aproximadamente 100.000 trabajadores en toda España, los organismos supervisores advierten de que el caso de Engel & Völkers podría ser solo la punta del iceberg en un sector con prácticas irregulares muy extendidas.
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