España se dispone a lanzar un proceso de regularización masiva para cientos de miles de migrantes indocumentados.
Yendo a contracorriente de la tendencia europea de endurecer fronteras, el gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha activado un urgente Real Decreto para otorgar permisos de residencia y trabajo a un estimado de medio millón de personas que actualmente viven en la sombra.
Bajo las nuevas normas, los migrantes que soliciten deberán acreditar que residen en España desde al menos cinco meses a la fecha de solicitud, que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025 y que carecen de antecedentes penales.
Mientras el gobierno calcula que alrededor de medio millón de personas se beneficiarán, un nuevo informe del *think tank* Funcas sugiere que la cifra real de residentes irregulares se aproxima más a los 840.000.
Esta medida, adoptada mediante Real Decreto, constituye una maniobra política de trueque por parte de Pedro Sánchez. Esta población se ha multiplicado por ocho desde 2017.
Crucialmente, los datos desmienten la percepción generalizada de que los migrantes irregulares llegan principalmente en pateras desde África.
Según Funcas, la inmensa mayoría llega en avión desde Latinoamérica como turistas y simplemente sobrepasa el plazo de su visado.
Los nacionales de Colombia (290.000), Perú (110.000) y Honduras (90.000) constituyen el grueso de las cifras, mientras que los ciudadanos africanos representan solo un 6% del total.
La medida forma parte de un acuerdo político de alto riesgo para la supervivencia del gobierno, pactado entre los socialistas de Sánchez (PSOE) y la extrema izquierda de Podemos.
Sánchez necesita los cuatro votos de Podemos para aprobar hoy decretos cruciales sobre pensiones y transporte.
Al utilizar un Real Decreto, el gobierno elude la necesidad de una votación plenaria en el Congreso, sorteando así el veto seguro del Partido Popular (PP), Vox y el partido separatista catalán Junts.
La decisión ha desatado una feroz reacción en la oposición.
Xavier Garcia Albiol, alcalde del PP en Badalona (Barcelona) que recientemente desalojó un edificio ocupado por inmigrantes en pleno invierno, tildó la medida de “rendición y caos”.
“¿Saben que un inmigrante irregular que lleva un año en España, si ha sido detenido 10 veces por robo… será premiado hoy con una residencia?”, escribió en redes sociales. “No es política migratoria: es una irresponsabilidad total”.
Otros advierten de las implicaciones más amplias para la Unión Europea.
Eva Poptcheva, especialista en asuntos de la UE, advirtió que la residencia en España otorga libre circulación por el espacio Schengen.
Señaló que la regularización desencadena derechos de reagrupación familiar, permitiendo a los beneficiarios traer a sus dependientes a Europa.
También existen hondas preocupaciones sobre el “efecto llamada” que beneficia a las mafias de tráfico de personas.
El periodista y especialista en África Alfonso Masoliver argumentó que las regularizaciones masivas envían un mensaje de que, si se puede entrar ilegalmente, eventualmente se podrá quedar.
“La consecuencia inmediata es un efecto llamada que beneficia a las mafias que llevan personas a Canarias, con todo el horror y muerte que conlleva”, dijo.
No obstante, los partidarios arguyen que la medida es de puro sentido común económico.
Ignasi Guardans, ex político y abogado, señaló que sacar a estos trabajadores de la economía sumergida los convierte en contribuyentes.
“Si trabajan como inmigrantes irregulares… no pagan impuestos”, afirmó. “Que los pagarán si esto sigue adelante es un argumento posible a favor de la medida”.
El periodista Ángel Villarino también descartó las teorías de que la medida busca comprar votos para la izquierda.
Apuntó que la ciudadanía y el derecho a voto tardan casi una década en adquirirse, y que el electorado latinoamericano a menudo se inclina hacia la derecha.
Esta es la mayor regularización desde que el gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero concedió papeles a casi 600.000 personas en 2005.
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