El Gobierno de España aprobó este martes un decreto que permitirá a más de 500.000 migrantes en situación irregular trabajar y residir legalmente en el país. A continuación, se detallan los requisitos, el tipo de autorización que obtendrán y otros aspectos relevantes.
¿Qué se ha aprobado exactamente?
Se trata de un nuevo decreto que pretende “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”, lo que significa que regularizará la situación de aproximadamente 500.000 migrantes sin papeles que ya viven en España.
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, este decreto “refuerza” un modelo de política migratoria “basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”.
Asimismo, implica que el 60% de los inmigrantes irregulares que residen en España podrían obtener documentación tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el partido de izquierdas Unidas Podemos.
¿A quién está dirigida la iniciativa?
Está dirigida a migrantes irregulares que ya residían en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar al menos cinco meses de estancia, según indicó la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero.
La cifra manejada por el Gobierno y la prensa española es de 500.000 personas, pero según el think tank Funcas, alrededor de 840.000 migrantes sin papeles vivían en España a principios de enero de 2025, la mayoría de ellos latinoamericanos.
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¿Cuáles son los requisitos para los migrantes irregulares?
El requisito principal es acreditar una estancia en España de al menos cinco meses, o desde diciembre de 2025 como mínimo.
Las autoridades han señalado que se podrá justificar mediante la inscripción en el padrón municipal, contratos de alquiler, comprobantes de transferencias, billetes de transporte o certificados médicos.
¿Cuándo se abre y cierra el plazo de solicitud?
Según Saiz, se prevé que las solicitudes se puedan presentar a partir de abril de 2026. El plazo finalizará el 30 de junio de 2026.
Todavía no está claro qué sucederá después de esa fecha. Durante la tramitación, quedarán suspendidos cualquier procedimiento de devolución o orden de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso.
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¿Qué inmigrantes no podrán acogerse al decreto?
De momento, las autoridades solo han confirmado que no podrán solicitarlo quienes tengan antecedentes penales.
¿Cuánto durará el proceso de solicitud?
La ministra de Migraciones confirmó que, una vez presentada la solicitud, se realizará una verificación inicial en un plazo de 15 días. A partir de ese momento, los solicitantes “podrán trabajar en cualquier sector y en cualquier parte del país”.
Aunque la admisión inicial es rápida, la resolución definitiva y la obtención de la documentación pueden tardar unos tres meses.
Cabe señalar que las oficinas de extranjería ya se encuentran saturadas debido a las nuevas tareas administrativas derivadas de la Ley de Inmigración de mayo pasado.
Según la firma especializada Legalteam, existen actualmente cientos de miles de expedientes sin resolver, por lo que no está claro cómo afrontarán las autoridades esta nueva avalancha de solicitudes.
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¿Qué sucederá cuando se apruebe la solicitud?
De ser favorable, el migrante recibirá una autorización provisional de residencia que le permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos como la asistencia sanitaria.
Esta autorización tendrá una validez de un año, tras el cual se podrá solicitar un permiso ordinario conforme a la normativa general de extranjería.
¿Qué otros derechos se conceden y cuáles no?
Como se ha mencionado, se otorgan derechos de residencia y trabajo, pero no se concede la nacionalidad española, ni el derecho a voto en elecciones generales o autonómicas, ni el acceso inmediato a prestaciones no contributivas.
¿Debe este decreto pasar por otro trámite parlamentario para su confirmación?
No. Al tratarse de un real decreto ya tramitado, el Gobierno no requiere su validación en el Congreso, como suele ocurrir un mes después de su aprobación. Esto permite sortear la falta de apoyo de formaciones como el partido nacionalista catalán Junts, por ejemplo.
¿Es esta la primera regularización masiva del Gobierno español?
Aunque el decreto es nuevo, no es la primera vez que el Gobierno español plantea o ejecuta una regularización. En 2005, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero regularizó a 565.121 migrantes, casi el 82% de los solicitantes.
Hace unos cinco años también se lanzó una iniciativa en defensa de los migrantes irregulares, respaldada por más de 600.000 firmas y unas 900 asociaciones. El Gobierno debatió el asunto en 2024. En aquel momento, el presidente Pedro Sánchez anunció el objetivo de regularizar a 300.000 migrantes anuales.
España aprobó una nueva Ley de Inmigración en mayo del año pasado, que facilitaba la transición a la legalidad. Anteriormente, los extranjeros irregulares debían esperar tres años para obtener un permiso de residencia; con la nueva normativa, el plazo se redujo a dos años.
Los socialistas, en el Gobierno, también regularizaron a unos 25.000 extranjeros afectados por la tormenta en Valencia del 28 de octubre, en la que fallecieron más de 200 personas.