Según el informe, las dificultades para obtener citas previas por internet se han visto agravadas por prácticas que acaparan cupos de forma automatizada y los desvían hacia circuitos privados, de modo que solo son accesibles mediante intermediarios que cobran tarifas elevadas.
El Gobierno de España prepara medidas para atajar la compraventa ilegal de citas en las oficinas de extranjería, una práctica que deja a los migrantes en situación de vulnerabilidad y dependencia de costosos servicios privados. La advertencia se produce tras que el Consejo Económico y Social (CES) destacara este problema en su reciente *Informe sobre la Realidad de la Migración en España: Prioridades de Política Pública*, encargado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
De acuerdo con el documento, las dificultades para conseguir citas por vía telemática se han exacerbado debido a prácticas que acaparan las plazas automáticamente y las derivan a canales privados, por lo que únicamente resultan accesibles a través de intermediarios que exigen honorarios abusivos. El CES califica esto de “mercado alegal”, lo cual genera un callejón sin salida burocrático para numerosos migrantes.
En respuesta, el Ejecutivo baraja la introducción de códigos o contraseñas personalizadas para las citas en 2026, diseñadas para impedir el fraude y la cobranza de comisiones por parte de terceros. “Esperamos que para el primer trimestre del próximo año contemos con controles específicos que eviten el uso fraudulento o la compraventa de citas”, señaló la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.
Un grupo de trabajo interministerial —en el que participan los ministerios de Inclusión, Política Territorial e Interior— tiene el encargo de reforzar los controles, detectar irregularidades y, crucialmente, prevenirlas antes de que ocurran. Funcionarios de la cartera han visitado además oficinas de extranjería autonómicas para consultar con asociaciones y profesionales las mejores soluciones, especialmente tras la aprobación del nuevo Reglamento de Extranjería y el previsible incremento de trámites administrativos.
Para respaldar estas iniciativas, se ha reforzado la plantilla de las oficinas de extranjería, con una primera incorporación de personal en octubre y una segunda prevista para inicios de 2026, junto con una dotación presupuestaria adicional. Cancela subrayó que el conjunto de medidas persigue “minimizar, e incluso eliminar, este tipo de situaciones”.