El Partido Popular, principal formación de la oposición de centroderecha, ha registrado en el Congreso más de cincuenta enmiendas al proyecto de ley del Gobierno sobre protección de menores en el entorno digital. Entre ellas destaca la propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, salvo que sus padres otorguen consentimiento expreso. La vicesecretaria general, Cuca Gamarra, explicó en un comunicado que con este paquete de enmiendas se pretende «mejorar la protección de los menores y ayudar a las familias», siempre de forma «constructiva», para «perfeccionar la propuesta gubernamental» y «garantizar la seguridad de niños y adolescentes».
Entre las medidas principales, el PP plantea vedar el uso de redes sociales a menores de 16 años, exceptuando a aquellos entre 14 y 16 años que cuenten con el consentimiento «expreso y verificable» de sus progenitores, tutores o representantes legales. Además, en este último caso, reclaman establecer un «tiempo de desconexión digital» para estos menores, que abarcaría desde las 22:00 hasta las 08:00 horas.
Para hacer viable todo lo anterior, el PP propone imponer obligaciones a las plataformas digitales, que deberán disponer de un sistema visible de etiquetado de contenidos, controlar el acceso de menores a sus servicios, prevenir y detectar precozmente contenidos que puedan afectar o poner en peligro la salud o integridad de los menores, e implementar mecanismos de denuncia anónima y confidencial ante casos de ciberacoso o hostigamiento digital, entre otras cuestiones.
También será obligatorio que los controles parentales vengan preinstalados en los sistemas operativos de los dispositivos con conexión a internet, y que se ofrezca formación básica a los padres sobre su configuración en los puntos de venta. Con estas propuestas, el PP alega que busca dotar a las familias de más herramientas para proteger a los menores, como la posibilidad de acceder de manera proporcionada y respetuosa a los dispositivos, o a datos de geolocalización que las plataformas bloquearán, salvo con consentimiento explícito y revocable de los tutores legales.
El PP también propone actualizar la legislación para que el Código Penal sea aplicable a las nuevas circunstancias derivadas de las redes sociales. Así, sus enmiendas exigen penas de prisión para quien genere, incorpore, envíe, difunda o distribuya contenidos que inciten al suicidio o propongan retos virales o prácticas alimenticias que pongan en riesgo la salud de menores o personas con discapacidad.
Ante los «numerosos casos» de acoso escolar, el PP aboga por reformar la ley de responsabilidad penal del menor para proteger a las víctimas de hostigamiento o *bulling* de sus agresores. Dichas enmiendas incluirían la prohibición de que los infractores se comuniquen o acerquen a las víctimas a través de medios digitales.
La formación también ha considerado necesario proteger a los menores de algoritmos que pudieran manipularles, utilizando sus datos personales o su comportamiento para alterar su voluntad mediante presiones o estrategias de diseño persuasivo abusivo, así como tomar medidas contra prácticas como el «*scrolling* infinito» o cualquier otra que genere adicción y dependencia.