El Gobierno de España avanza hacia la prohibición de las tarjetas de crédito no solicitadas y de los aumentos automáticos de los límites de crédito.
Cualquier persona que haya recibido alguna vez una tarjeta de crédito inesperada por correo, o haya notado cómo su límite de crédito aumentaba sigilosamente, reconocerá la sensación. No la pidió. Realmente no dio su consentimiento. Pero, de repente, la capacidad de endeudamiento está ahí.
Es precisamente ese tipo de prácticas las que el ejecutivo español quiere erradicar.
Un anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo, aprobado por el Consejo de Ministros, prohibiría a las entidades bancarias emitir tarjetas o incrementar límites a menos que el cliente lo haya solicitado explícitamente y haya dado su consentimiento expreso. El objetivo es claro: evitar el endeudamiento no deseado antes de que se convierta en deuda.
La propuesta se encuentra aún en fase de anteproyecto y debe recibir la aprobación parlamentaria, pero su redacción no deja lugar a dudas: no se podrá conceder crédito si no ha sido solicitado. Punto.
Para los reguladores, se trata de controlar prácticas que se han normalizado de manera silenciosa en algunos ámbitos del sector bancario. Mientras la normativa vigente ya desaconsejaba el envío de tarjetas no solicitadas, dejaba áreas grises en lo referente a la ampliación del crédito disponible. La nueva ley viene a corregir esto.
Las entidades podrán seguir publicitando y ofreciendo productos, incluidos los populares préstamos preaprobados que aparecen en las aplicaciones bancarias. Lo que no podrán hacer es activar ningún producto sin que el cliente dé un "sí" activo.
En otras palabras, la decisión permanece donde debe estar: en manos de quien paga la factura.
Tarjetas, límites y el coste del crédito bajo examen
La legislación propuesta no se limita a las tarjetas de crédito. Reconfigura el funcionamiento del crédito al consumo en un sentido más amplio, abarcando préstamos personales, financiación comercial, microcréditos, minicréditos de alto interés e incluso las fórmulas de "compra ahora, paga después".
Uno de los aspectos más sensibles es la fijación de precios. La ley introduce límites a los tipos de interés para frenar cargas excesivas, especialmente en las tarjetas de crédito revolving, que históricamente han tenido algunos de los costes de financiación más elevados del mercado.
Según la propuesta, las TAEs máximas se vincularán al tipo medio del crédito al consumo publicado por el Banco de España, añadiéndose un margen regulado en función del importe. Con las cifras actuales, el tope se situaría entre aproximadamente el 13% y el 22%. Las tarjetas revolving ya están sujetas temporalmente al límite superior mientras la ley sigue su tramitación.
También se endurecen las condiciones de los descubiertos. El coste total de caer en números rojos —incluidas penalizaciones y comisiones— no podrá superar 2,5 veces el interés oficial, lo que limita los cargos abusivos que han afectado a clientes en el pasado.
Otro cambio afecta a la supervisión. Todas las empresas que ofrezcan crédito al consumo, incluidas las plataformas digitales de crédito rápido que operan actualmente con una regulación más laxa, quedarán bajo la supervisión del Banco de España. Incluso las entidades de crédito inmobiliario necesitarán autorización específica para operar dentro de un registro único. Los comercios que ofrezcan pagos a plazos deberán contar con un socio financiero regulado o ofrecer el crédito sin intereses.
Es un intento evidente de unificar un mercado crediticio fragmentado.
Límites a los "patrones oscuros" y las tácticas de presión digital
Hay también una parte menos llamativa, pero potencialmente muy visible, de la reforma: la prohibición de los llamados "patrones oscuros" en aplicaciones y páginas web financieras.
Se trata de trucos de diseño que inducen a los usuarios a tomar decisiones sin ser plenamente conscientes de ello: botones de aceptación más brillantes que los de rechazo, advertencias urgentes que generan presión, diseños que guían sutilmente el comportamiento. Cualquiera que compre o opere por internet los habrá visto.
Mientras que la banca tradicional suele ser más contenida, estas técnicas son comunes en las plataformas digitales. Las nuevas normas prohibirían las interfaces que distorsionen o menoscaben la capacidad del consumidor para tomar una decisión libre e informada.
También se exigirá que las opciones de cancelación y desistimiento sean claramente visibles y de fácil acceso, en lugar de esconderlas tras capas de menús o letra pequeña.
Para el cliente cotidiano, el impacto podría ser más notable de lo que parece: menos cambios crediticios sorpresa, costes de endeudamiento más claros, menor presión visual en línea y un poco más de margen para reflexionar antes de comprometerse con decisiones financieras.
La ley aún debe superar el trámite parlamentario y los detalles podrían evolucionar. Pero la dirección es inequívoca. España está reforzando las barreras de protección en torno al crédito al consumo, devolviendo el equilibrio hacia el consentimiento, la transparencia y el control.
Para cualquiera que haya sentido que le empujaban a endeudarse sin entender del todo cómo ocurrió, esto probablemente sea una buena noticia.