Pedro Sánchez anuncia nuevas medidas para endurecer la regulación de las plataformas de redes sociales en España.
Crédito: Alexandros Michailidis, Shutterstock
Si Pedro Sánchez buscaba atención, la ha conseguido.
Interviniendo este martes 3 de febrero en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, el presidente del Gobierno español anunció que su Ejecutivo planea bloquear el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años e incrementar la presión legal sobre las plataformas que no retiren contenidos de odio o manipulen sus algoritmos.
Su mensaje fue directo. Afirmó que las redes sociales comienzan a parecerse a un lugar donde las normas no se aplican.
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“Se han convertido en un Estado fallido”, declaró Sánchez ante el auditorio. “Se ignoran las leyes. Se toleran los delitos”.
Se espera que el Gobierno presente el primer paquete de reformas legales la próxima semana.
Sin cuentas para menores de 16 años
La medida principal es sencilla de comprender, aunque su aplicación no lo será.
Bajo la propuesta, los niños menores de 16 años no podrían crear perfiles en redes sociales en España. La idea es elevar la edad legal a partir de la cual los menores pueden consentir el uso de sus datos personales, lo que significa que las plataformas tendrían que bloquear a los usuarios más jóvenes a menos que un padre o tutor legal lo autorice explícitamente.
Sigue las recomendaciones hechas por la Unión Europea el pasado noviembre y replica pasos ya dados en otros lugares. Francia, por ejemplo, estableció recientemente su límite en 15 años.
Sánchez insiste en que esta no será una prohibición simbólica. Se exigirá a las plataformas que implementen sistemas sólidos de verificación de edad, no solo advertencias con casillas de verificación o fechas de nacimiento autodeclaradas.
Plataformas, conócan la responsabilidad
Pero el anuncio no solo trataba sobre los niños.
Sánchez esbozó una represión más amplia dirigida a lo que él ve como años de comportamientos sin control por parte de las grandes tecnológicas. Una de las ideas más controvertidas es hacer responsables legalmente a los ejecutivos de las compañías cuando ocurran infracciones graves en sus plataformas.
Otra propuesta trataría la manipulación de algoritmos como un delito penal cuando conduzca a la difusión de contenido ilegal o de odio.
En palabras de Sánchez, los días de esconderse tras el código han terminado. “La tecnología no es neutral”, afirmó.
El Gobierno también desea crear un sistema nacional para rastrear y medir la hostilidad en línea —descrito como una “Huella de Odio y Polarización”— para comprender mejor cómo circula el contenido extremo.
Además, España planea colaborar con la Fiscalía General del Estado para examinar posibles violaciones legales en plataformas como TikTok, Instagram y Grok, la herramienta de IA vinculada a X.
Esto no surge de la nada
A pesar del anuncio espectacular, gran parte de esto ya se ha estado gestando de manera discreta en el sistema político español.
El Parlamento lleva meses debatiendo una ley centrada en la protección de los menores en Internet, y la restricción para menores de 16 años ya está incluida en ese borrador. Según el Ministerio de Juventud e Infancia, cuenta con un amplio apoyo entre los distintos partidos.
Esa propuesta de ley también incluye la obligación de que los controles parentales gratuitos estén activados por defecto en los dispositivos, para que los padres puedan limitar el acceso a aplicaciones y contenidos desde el primer momento.
España también lleva más de dos años trabajando en una aplicación oficial de verificación de edad para contenido adulto, como pornografía y material violento, desarrollada con la Agencia Española de Protección de Datos y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Qué más está por venir
Se avecinan más normas.
El Gobierno afirma que se presentará una Estrategia Nacional Digital para la Infancia en las próximas semanas. Otro anteproyecto de ley se centra en proteger la identidad digital de los menores, incluyendo límites al ‘sharenting’ —la creciente costumbre de los padres de publicar gran cantidad de contenido sobre sus hijos, a veces con fines comerciales—.
Los responsables señalan que el objetivo no es vigilar la vida familiar, sino impedir que los niños se conviertan en productos digitales antes de tener edad para comprender lo que eso significa.
Rechazo político, apoyo europeo
No todo el mundo está impresionado.
El Partido Popular de la oposición ha acusado al Gobierno de reproponer ideas ya debatidas en el Parlamento. Fuentes del partido señalan que ellos propusieron anteriormente prohibir las redes sociales para menores de 16 años, con acceso limitado a partir de los 14 si los padres estaban de acuerdo.
Aún así, Sánchez argumenta que España no actúa sola. Confirmó que el país se ha unido a varios Estados europeos en un grupo que presiona por una regulación más rápida y estricta de las plataformas sociales en toda la UE.
Que estos planes sean fáciles de aplicar es otra cuestión. Los controles de edad, la supervisión de algoritmos y la responsabilidad ejecutiva plantean todos ellos desafíos legales y técnicos.
Pero políticamente, la señal es clara: España quiere un control más firme sobre las redes sociales —y menos paciencia con las excusas de los grandes gigantes tecnológicos—.
Para las familias, las plataformas y los reguladores por igual, los próximos meses podrían marcar un punto de inflexión en cómo se gobierna la vida en línea en España.
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