El Presidente del Gobierno de España prometió este lunes una deducción en el impuesto sobre la renta personal para los propietarios que no incrementen el alquiler a sus inquilinos este año, además de comprometerse a poner freno a la práctica de los arrendamientos temporales y por habitaciones en el país.
Pedro Sánchez ha iniciado el 2026 anunciando nuevas medidas destinadas a resolver la crisis de vivienda en España, al igual que hizo en 2025.
Según el jefe del Ejecutivo, se tratarán de medidas “urgentes y decididas” que permitirán que más personas puedan alquilar a precios asequibles.
La iniciativa más destacada será una bonificación del cien por cien en el IRPF para los dueños de inmuebles que renueven contratos sin subir el precio a sus arrendatarios.
“Es sencillo: apoyaremos a quien garantice vivienda digna y pondremos coto a quien especule con ella”, afirmó.
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La reformada Ley de Vivienda de España, aprobada en 2023, vino acompañada de una modificación de la Ley del IRPF, que alteró el sistema de reducciones fiscales para los alquileres de vivienda habitual en contratos firmados después del 26 de mayo de 2023.
Bajo este nuevo sistema, los propietarios pueden acceder a una reducción mínima del 50 por ciento sobre el rendimiento neto positivo del alquiler (la cantidad restante tras deducir gastos como el IBI, la hipoteca, reparaciones o seguros).
Esta bonificación puede ser mayor si se cumplen otros requisitos adicionales, como que el inquilino tenga entre 18 y 35 años.
Sin embargo, esta desgravación no está vinculada a congelar la renta, mientras que la nueva sí lo está.
Si se aprueba la nueva ley, los propietarios que congelen el alquiler al renovar los contratos de sus inquilinos podrán obtener una bonificación del 100 por cien en sus ingresos por arrendamiento.
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Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, más de 632.000 contratos de alquiler en España serán revisados en 2026, y 1,6 millones de personas se enfrentan a una subida media anual del alquiler de 1.735 euros.
La nueva ley también pretende acabar con la especulación y combatir el fraude y a quienes intentan burlar el sistema alquilando, por ejemplo, de manera estacional.
Al alquilar por menos de un año o al alquilar habitaciones en lugar de viviendas completas, los contratos no tienen que acogerse a las normas de los arrendamientos a largo plazo, lo que significa que no hay límites de precio y es más fácil desahuciar a los inquilinos.
Para evitarlo, la nueva ley establecerá condiciones estrictas para que un contrato se considere estacional/temporal y fijará multas para quienes no cumplan la normativa gubernamental sobre alquileres de corta duración.
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“Nuestras ciudades, por desgracia, se están llenando de contratos temporales que obligan a las personas a renegociar y a vivir en una incertidumbre permanente sin una razón verdaderamente justificada, salvo la especulación y la codicia, y por lo tanto no lo vamos a permitir”, explicó Sánchez.
En cuanto al alquiler de habitaciones, el objetivo es impedir que el precio total del alquiler de todas las habitaciones de una vivienda, cuando se alquilan por separado, supere lo que costaría alquilar la vivienda completa como unidad familiar.
Por ejemplo, si el valor de mercado habitual de una vivienda completa es de 1.000 euros y hay tres habitaciones, los propietarios no podrán alquilarlas a 600 euros cada una.
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Sánchez reiteró que España continuará construyendo más vivienda pública para recuperar el parque de vivienda protegida a través de la nueva Empresa Pública de Vivienda, conocida como Casa 47, y el nuevo Plan Estatal de Vivienda, en el que el gobierno de izquierdas ha invertido más de 7.000 millones de euros.
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Sin embargo, no todos están de acuerdo con las nuevas medidas. Sumar, el socio minoritario de coalición del gobierno, afirmó que no apoyará la ley. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, explicó que Sumar “no apoyará” el decreto en el Congreso porque lo consideran “ineficaz” e “injusto”.
“No creemos que la forma de intervenir en el mercado de la vivienda sea mediante incentivos fiscales para los propietarios”, declaró el ministro.
En su lugar, proponen la “prórroga inmediata y obligatoria” de los 600.000 contratos de alquiler que vencen este año, para que las rentas no aumenten.
Bustinduy dijo que espera que el PSOE “lo recapacite” y que “la prórroga de los alquileres que necesitan millones de familias en España salga adelante en los términos en que nosotros la hemos propuesto”.
La propuesta de una exención fiscal completa no es nueva. A principios de 2025, Sánchez detalló el paquete de medidas de vivienda que presentaría al Congreso, que incluía una exención del 100 por cien en el impuesto sobre la renta para los propietarios que alquilaran sus viviendas bajo el Índice de Precios de Referencia, estuvieran o no en zonas tensionadas.
Ninguna de estas promesas fiscales del año pasado ha sido plenamente aprobada aún, y cabe destacar que normativa anterior relacionada con una represión nacional sobre los alquileres temporales y por habitaciones ya fue rechazada en el Congreso.
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El nuevo departamento de Casa 47 sustituirá al organismo actual responsable de gestionar las políticas públicas y pretende ofrecer otra solución a la crisis de vivienda y reforzar la vivienda como quinto pilar del estado del bienestar.
El eje principal del nuevo departamento será centrarse en la asequibilidad para que más personas puedan acceder a una vivienda digna. Toda la vivienda pública destinada al alquiler social será gestionada por este único departamento, que asistirá y apoyará a quienes cumplan los requisitos de elegibilidad durante todo el proceso de alquiler.