En un momento en el que la inmigración se ha convertido en una cuestión cada vez más polarizante en España, un nuevo informe ha puesto de relieve que el país necesitará más de dos millones de trabajadores solo en la próxima década para garantizar las pensiones y la productividad económica, pronosticándose que la inmensa mayoría serán extranjeros.
Un reciente estudio ha revelado que España necesitará incorporar 2,4 millones de personas al mercado laboral durante la próxima década para mantener la productividad económica y sostener el sistema de pensiones.
Las tendencias migratorias actuales sugieren que casi la totalidad de estos puestos serán ocupados por migrantes, debido al envejecimiento demográfico de la población autóctona, lo que convierte a los inmigrantes en “imprescindibles” para satisfacer la demanda, según los expertos.
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Así se desprende del estudio “Realidad Migratoria en España” elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) y entregado este miércoles por su presidente, Antón Costas, a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz.
Esto ocurre en un contexto en el que la inmigración en España, al igual que en otros países de Europa y gran parte del mundo, se ha erigido en un tema político crecientemente divisivo. El partido de ultraderecha Vox ha recrudecido su retórica antiinmigración en los últimos años y los sondeos indican que dicha formación le está arrebatando votantes al centroderechista Partido Popular, desplazando el debate hacia posiciones más conservadoras.
El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, se cuenta entre los pocos líderes internacionales que abogan abiertamente por la inmigración, vinculándola con el crecimiento económico superior a la media que ha registrado España en el período pospandemia.
En la actualidad, la población nacida en el extranjero ya representa aproximadamente una quinta parte de la población residente en España, razón por la cual se ha convertido y se convertirá en un elemento cada vez más crucial para sostener el crecimiento económico, el empleo y las pensiones, previéndose que estas últimas sufrirán una considerable presión debido a la inminente jubilación de la generación del baby boom.
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Los pronósticos demográficos apuntan a que la población de origen español decrecerá proporcionalmente en las próximas décadas. De cumplirse los modelos de proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE), esto implicaría que la población nacida en España experimentará un descenso progresivo, pasando del 84,5 por ciento que representa en la actualidad a un 63,5 por ciento dentro de cincuenta años.
Dicho de otro modo, para el año 2072, el 36,5 por ciento de los residentes en España, algo más de uno de cada tres, habrá nacido en otro país.
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Tres de cada cuatro nuevos empleos creados desde 2019 han sido ocupados por inmigrantes. Asimismo, la población migrante está impulsando las cifras demográficas, siendo responsable de la mayor parte del crecimiento poblacional en los últimos años.
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Al presentar el informe esta semana, Saiz declaró: “El modelo migratorio español genera prosperidad compartida, y no solo lo decimos nosotros: nuestra política migratoria está reconocida en Europa y allende de nuestras fronteras como un ejemplo de equilibrio, eficiencia y humanidad, y parte de este éxito radica en una convicción: las políticas públicas deben fundamentarse en el conocimiento.”
Por su parte, Costas recalcó que “desde 2019, el ciclo inmigratorio en España ha entrado en una fase más madura. Tras el pico alcanzado en 2024, el ritmo de crecimiento se ha moderado en 2025 y tiende a la desaceleración. Los impactos de la inmigración sobre el crecimiento, el empleo, la productividad y la demografía son muy positivos, favorecidos por las reformas del Reglamento de Extranjería en 2022 y 2024.”
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Aunque grandes capitales de provincia como Madrid, Barcelona y Valencia han albergado tradicionalmente poblaciones de trabajadores migrantes, estos constituyen cada vez más una parte esencial del sistema de seguridad social en aquellas regiones del país que enfrentan los mayores desafíos demográficos.
De acuerdo con los últimos datos de la Seguridad Social, los trabajadores extranjeros suponen, por ejemplo, el 10,4 por ciento del total en Castilla y León, el 7,4 por ciento en Asturias y el 7,1 por ciento en Galicia, zonas donde la población autóctona tiende a emigrar hacia otras regiones con mayores oportunidades laborales y con mayor presencia de comunidades migrantes.
En el último año, el empleo extranjero creció un 7,3 por ciento, alcanzando un récord histórico en el número de trabajadores autónomos migrantes, con más de 494.000 autónomos registrados.
Los empleos altamente cualificados también experimentaron un auge, con un crecimiento del 27 por ciento en información y comunicaciones y del 18,8 por ciento en profesiones científicas y técnicas.
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