España investigará presuntas violaciones de los derechos humanos en Gaza para colaborar con la Corte Penal Internacional, la cual ha solicitado ordenes de arresto contra altos cargos israelíes por supuestos crímenes de guerra, anunció este jueves la Fiscalía General del Estado.
Esta decisión representa un paso más en los esfuerzos de España —un crítico feroz de la devastadora ofensiva israelí en el territorio palestino— para impulsar acciones internacionales respecto al conflicto, desencadenado por el ataque sin precedentes de Hamás sobre Israel en 2023.
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha “emitido un decreto para crear un equipo de trabajo encargado de investigar las violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza”, según informó su oficina en un comunicado.
La misión de este grupo investigador será “recabar pruebas y ponerlas a disposición del órgano competente, cumpliendo así con las obligaciones de España en materia de cooperación internacional y derechos humanos”.
Ante la situación actual en los territorios palestinos, “toda prueba, directa o indirecta, que pueda recopilarse en nuestro país” sobre “los crímenes cometidos” en Gaza “deberá ser incorporada” para su posible uso en el caso de la CPI, añadió el decreto.
El comunicado hizo mención a un informe policial español que documentó “actos que podrían constituir crímenes contra la comunidad internacional” perpetrados por el ejército israelí en Gaza.
La CPI ha emitido ordenes de captura contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la campaña de Israel en Gaza.
España también se ha unido a un caso ante otro tribunal mundial, la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de genocidio en Gaza.
Ambos tribunales con sede en La Haya han enfrentado fuertes críticas por parte de Israel y sus aliados debido a estos casos.
En febrero, Estados Unidos impuso sanciones a la CPI, alegando que había “abusado de su poder” con la orden de arresto contra Netanyahu.
Israel ha impugnado la jurisdicción de la CPI, compuesta por 125 estados miembros, en este caso.
Las relaciones hispano-israelíes se han deteriorado gravemente debido al conflicto, hasta el punto de que Israel retiró a su embajador en Madrid el año pasado después de que España reconociera el Estado palestino.
La semana pasada, España retiró a su embajador de Tel Aviv después de que el ministro de Asuntos Exteriores israelí acusase al gobierno español de antisemitismo.
La disputa se produjo tras las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que —según sus propias palabras— buscan “detener el genocidio en Gaza”.