ESPAÑA se dispone a imponer estrictas normativas medioambientales a los centros de datos —esas inmensas granjas de servidores que consumen enormes cantidades de electricidad para mantener internet en funcionamiento.
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha iniciado una consulta pública que podría obligar a los operadores a reducir drasticamente su consumo energético y divulgar con exactitud cuánta agua, energía y refrigerantes utilizan.
Esto ocurre en momentos en que Bruselas advierte que los centros de datos se están convirtiendo en uno de los contaminantes ocultos más grandes de Europa, ya que representan casi el 3% del consumo eléctrico total de la UE —una cifra que se prevé aumente considerablemente para 2030.
MITECO señaló que el objetivo es hacer que este sector en auge sea “altamente eficiente energéticamente y sostenible”, al tiempo que se obliga a los operadores a ser transparentes sobre su huella ambiental.
Según el anteproyecto de real decreto, cualquier instalación que demande más de 500 kW de potencia deberá presentar informes periódicos sobre su consumo energético, el porcentaje de renovables utilizado, el consumo de agua y los sistemas de refrigeración.
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También deberán demostar su cumplimiento con el estricto Código de Conducta de la UE para Centros de Datos —y probar que las nuevas instalaciones se encontrarán entre el 15% más eficiente.
Las empresas estarán obligadas, además, a publicar cifras sobre cómo sus operaciones afectan a las comunidades locales —desde empleos creados hasta contribuciones a la red eléctrica.
La consulta permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre, tras lo cual Madrid decidirá si modifica el decreto o prosigue adelante. Al tratarse de un real decreto, no requiere aprobación parlamentaria.
De ser aprobado, convertiría a España en uno de los primeros países de Europa en tomar medidas severas frente al derroche energético del sector digital.
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