Si están pensando en invertir en un inmueble en las Islas Baleares, de momento no hay motivos para alarmarse.
Sin embargo, el Gobierno español ha propuesto a la Comisión Europea que lo autorice a limitar la compra de viviendas en las Islas Canarias que no vayan a tener un uso residencial, con el fin de aliviar la presión en el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y colectivos vulnerables. Esta medida podría constituir el primer paso de una restricción a nivel nacional.
La propuesta se enmarca dentro de un paquete de medidas que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sugerido que Bruselas incluya en la futura simplificación normativa para las regiones ultraperiféricas (RUP) de la UE, nueve territorios de Francia, Portugal y España que reciben un tratamiento especial según los tratados, según declaró este miércoles el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
El Gobierno de Canarias también se había dirigido a la Comisión Europea para solicitar una excepción para las RUP en materia de vivienda con el objetivo de contener la subida de precios, aunque su petición iba en otra dirección: prohibir o limitar la compra de inmuebles en su territorio por parte de extranjeros no residentes en las islas.
El presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, viajó a Bruselas para persuadir a la Comisión de que actúe al respecto, aportando estadísticas que revelan que en Canarias una de cada cuatro viviendas en venta es adquirida por ciudadanos extranjeros. También arguyó que las islas cuentan con un territorio fragmentado y limitado, donde las tensiones del mercado inmobiliario impactan con mayor severidad en la población residente.
El Gobierno español no había respondido aún a la petición de Clavijo, más allá de reconocer que la estudiaría, pero ahora ha presentado su propia sugerencia a la UE para todas las regiones ultraperiféricas, incluidas las Canarias. “Proponemos que la adquisición de vivienda en las regiones ultraperiféricas para uso no residencial sea limitada mediante mecanismos legislativos, a fin de que puedan reducirse los precios y jóvenes y otros colectivos en dificultades puedan acceder a ella”, explicó el ministro Torres en un comunicado difundido por su departamento.
La contribución de España al debate sobre el futuro de la normativa RUP se extiende a otros ámbitos de interés particular para Canarias: el sector primario, la inmigración y las ayudas de Estado. En el caso del sector primario, se realiza una petición expresa para el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), al considerarlo “de vital importancia para el sector primario” canario.
Su enfoque, compartido por los Ministerios de Agricultura y Hacienda, “pone en valor el carácter estratégico del sector primario en las RUP, especialmente en Canarias, solicitando, a su vez, que se mantenga la singularidad del POSEI con un presupuesto suficiente y abogando también por una agilización administrativa y burócratica”.
El Ministerio de Política Territorial, que ha coordinado la redacción del texto remitido por España a Bruselas, concreta que también se solicitan medidas para la sostenibilidad del sector primario, “como el establecimiento de normas que permitan la renovación urgente de la flota pesquera de bajura en las RUP y la modificación del Reglamento de la UE para posibilitar las ayudas *de minimis* para reformas y mejoras en seguridad y sostenibilidad en buques pesqueros de menos de 12 metros”.
En cuanto a migración, España reclama que “se facilite la redistribución de menores y el traslado de migrantes desde las RUP hacia la Europa continental, evitando su concentración en estas regiones y garantizando un marco jurídico adecuado”. Solo en 2025, Canarias acogió a casi 6.000 menores africanos que llegaron en pateras y cayucos, quienes ahora comienzan a ser distribuidos entre el resto de comunidades autónomas tras la reciente reforma de la Ley de Extranjería.
España también desea que se permita a Canarias y al resto de RUP “un régimen más flexible para la aprobación de ayudas de Estado, sin restricciones en cuantías, sectores o plazos, siempre que no se afecte la cohesión interna de la Unión”. Finalmente, alienta a Bruselas a convertir las regiones ultraperiféricas en un laboratorio “para ensayar innovaciones legislativas en un entorno controlado, simplificando normas y reduciendo cargas antes de aplicarlas al conjunto de la Unión”.