El Gobierno español ha señalado que, en última instancia, pretende presentar unos Presupuestos Generales del Estado ante el Parlamento nacional. Crédito de la foto: Pool congreso
España se ha erigido como el único país de la eurozona que no ha remitido su plan presupuestario nacional a la Unión Europea durante dos años consecutivos, una omisión que subraya el persistente bloqueo político en Madrid y suscita preocupación entre los organismos de control fiscal y los funcionarios de Bruselas.
Conforme a la normativa europea, todos los Estados miembros del área del euro deben presentar cada otoño sus planes presupuestarios preliminares (DBP, por sus siglas en inglés) a la Comisión Europea. Estos planes esbozan los ingresos y gastos públicos previstos para el año venidero, proporcionando la base para la supervisión y coordinación fiscal de la UE en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
No obstante, España no envió su plan presupuestario para 2025 y, según los propios plazos gubernamentales, también ha incumplido el plazo habitual para la presentación del de 2026, lo que la sitúa como el único Estado miembro de la eurozona que carece de ambos documentos remitidos formalmente a Bruselas.
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La parálisis política tras la ausencia de los planes
La falta de presentación de los planes presupuestarios preliminares se debe, principalmente, a la continua ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno español lleva años funcionando con prórrogas de los últimos presupuestos aprobados en 2023. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo decidió en 2025 retrasar el envío del borrador a Bruselas hasta que exista un presupuesto nacional completo, un paso que aún no se ha producido debido a las tensas relaciones en el Parlamento español.
La inestabilidad política interna ha dificultado que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez encuentre el apoyo suficiente para aprobar los presupuestos anuales de 2024, 2025 y, ahora potencialmente, de 2026. En los debates del Congreso de los Diputados, altos cargos han reconocido la dificultad de sacar adelante nuevas cuentas públicas sin una mayoría estable, señalando que el Gobierno podría seguir operando con prórrogas presupuestarias hasta bien entrado 2026.
Dado que el anteproyecto de presupuestos nacionales es un precursor del DBP, la ausencia de unas cuentas nacionales ha impedido efectivamente que España cumpla con la obligación de la UE de enviar sus planes a Bruselas.
El marco europeo y su importancia
Según el marco de gobernanza fiscal de la UE, los planes presupuestarios preliminares deben presentarse a mediados de octubre. Posteriormente, la Comisión Europea los examina para evaluar su conformidad con los techos de gasto recomendados y otros criterios fiscales de referencia. El resto de países de la eurozona presentaron sus planes para 2026 dentro del plazo, lo que permitió a Bruselas emitir sus opiniones y guiar la política fiscal nacional en todo el bloque.
Por su parte, el paquete fiscal de otoño de la Comisión Europea confirmó que la mayoría de los países de la eurozona han presentado sus DBP e iniciado las evaluaciones de cumplimiento para 2026. Sin embargo, se señaló a España y Bélgica como excepciones, vinculándose directamente la omisión española a la falta de un proyecto de presupuesto en el parlamento nacional.
Esta omisión implica que la postura fiscal de España no puede evaluarse de la misma manera que la de sus homólogos, obstaculizando la capacidad de Bruselas para supervisar las finanzas públicas españolas dentro de las normas fiscales más amplias de la eurozona.
La alarma de la autoridad fiscal independiente
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de España ha destacado repetidamente los riesgos asociados a la ausencia tanto de unos presupuestos nacionales como de los correspondientes planes presupuestarios europeos. En sus informes, AIReF subraya que la falta de presentación de estos planes hace que la supervisión fiscal significativa sea “particularmente difícil”. Señaló que el Gobierno no ha presentado el anteproyecto de ley de presupuestos generales para 2024 ni para 2025, y que tampoco ha transmitido el plan presupuestario de 2025 a las instituciones de la UE.
El análisis de AIReF también subraya que otros elementos clave de un proceso fiscal funcional, como el establecimiento de objetivos fiscales y la fijación de límites de gasto no financiero, no se han producido en el plazo ordinario, lo que contribuye a la incertidumbre sistémica en la estrategia presupuestaria española.
AIReF advirtió que, al carecer de los documentos fiscales regulares, los mecanismos de control fiscal de la UE están efectivamente “ciegos” ante la trayectoria presupuestaria de España, lo que reduce la transparencia y complica la supervisión del cumplimiento.
Impactos nacionales e internacionales
Desde una perspectiva interna, los reiterados retrasos presupuestarios han generado críticas en todo el espectro político español. Los partidos de la oposición argumentan que la dependencia prolongada de las cuentas obsoletas de 2023 socava la rendición de cuentas democrática y dificulta la planificación fiscal para los servicios públicos, la inversión y los programas sociales.
A nivel internacional, la posición inusual de España como el único país de la eurozona que carece de dos DBP consecutivos ha atraído la atención de analistas y responsables políticos, quienes enfatizan la importancia de una planificación fiscal transparente dentro de la unión monetaria. El paquete fiscal de la Comisión señaló explícitamente la ausencia de España en la lista de planes preliminares conformes, contrastándola con la mayoría de los demás Estados miembros que han cumplido las expectativas tanto procedimentales como de calendario.
Perspectivas de futuro
El Gobierno español ha indicado que, en última instancia, tiene la intención de presentar unos presupuestos ante el Parlamento nacional y, por extensión, ante las autoridades de la UE. No obstante, con las negociaciones políticas en curso y las mayorías parlamentarias aún inestables, no hay una fecha firme para cuándo España podría subsanar la ausencia de unos presupuestos nacionales y cumplir con sus obligaciones de información europeas.
Hasta entonces, España seguirá siendo un caso atípico en el marco de gobernanza fiscal de la eurozona, poniendo de relieve tanto los desafíos políticos internos como cuestiones más amplias sobre la coordinación fiscal en Europa.