Los reconocimientos médicos para el personal doméstico en España serán obligatorios a partir de 2026.
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Para miles de trabajadores del hogar en España, el año 2026 supondrá un avance significativo en la larga lucha por unas condiciones laborales más justas.
A partir de entonces, los empleados de hogar —como limpiadoras, cuidadores y asistentes— tendrán derecho a someterse a evaluaciones médicas periódicas. Esta medida busca mejorar la seguridad y la salubridad en una de las profesiones más desvalorizadas del país.
El cambio forma parte del Real Decreto 893/2024, publicado el año pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Introduce nuevas obligaciones para los empleadores en materia de prevención de riesgos laborales y amplía la protección a trabajadores que, hasta hace poco, carecían de derechos laborales básicos.
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Durante décadas, el empleo doméstico en España fue tratado de forma distinta al resto: sin acceso al paro, sin bajas por enfermedad remuneradas y sin protección adecuada en materia de seguridad. No obstante, esta situación ha ido evolucionando paulatinamente, y la presente reforma constituye el último eslabón en la equiparación de derechos.
Reconocimientos médicos cada tres años
Con arreglo a la nueva normativa, los empleadores deberán garantizar que su personal tenga acceso a un reconocimiento médico adaptado a los riesgos específicos de su actividad, ya sea la exposición a productos químicos de limpieza, la carga física repetitiva o las extensas jornadas en domicilios particulares.
La ley establece que este examen ha de realizarse cada tres años, salvo prescripción médica en contrario o que las condiciones laborales varíen sustancialmente. Asimismo, se especifica que el reconocimiento puede ser único, incluso si el trabajador presta servicios para varios empleadores.
Sin embargo, la norma no impone la obligatoriedad para el trabajador, quien podrá rechazarlo si así lo desea; una cláusula que vela por la autonomía personal y la privacidad.
Aunque el decreto se aprobó en 2024, no entrará en vigor hasta 2026. La razón estriba en que el Gobierno debe previamente implementar una herramienta gratuita de evaluación de riesgos que ayude a los hogares a identificar posibles peligros.
De conformidad con la quinta disposición final del decreto, las nuevas obligaciones comenzarán a aplicarse a los seis meses de la disponibilidad de dicha herramienta. Dado que su despliegue se retrasó unos diez meses, la fecha de inicio se ha pospuesto al año 2026.
Un entorno laboral más seguro en el hogar
Más allá de los reconocimientos médicos, el Real Decreto 893/2024 introduce otras mejoras dirigidas a dignificar y hacer más segura la labor doméstica.
Los empleadores estarán obligados a realizar una evaluación de riesgos en el domicilio, al igual que las empresas en oficinas o fábricas. El objetivo es detectar posibles peligros —suelos resbaladizos, ventilación deficiente, equipos inseguros— y adoptar medidas para minimizarlos.
Además, deberán facilitar al personal del hogar el equipo de trabajo adecuado y los equipos de protección individual, garantizando así que las tareas puedan desempeñarse con seguridad y comodidad.
Quizá lo más relevante sea que los trabajadores dispondrán del derecho a interrumpir su actividad ante lo que el decreto califica como “riesgo grave e inminente” para su vida o salud. Esto equipara sus derechos con los de otros sectores y supone un hito en los esfuerzos por profesionalizar el sector en España.
Un cambio histórico para el empleo doméstico
Aunque estas medidas puedan parecer técnicas, suponen un profundo cambio cultural. El trabajo doméstico ha sido tradicionalmente informal, ejercido mayoritariamente por mujeres —muchas de ellas migrantes— sin contratos escritos ni protección social.
En los últimos años, España ha avanzado notablemente en corregir este desequilibrio. En 2022, se reconoció por fin a las empleadas de hogar el derecho a prestación por desempleo y su inclusión en el sistema de Seguridad Social. Ahora, con la reforma de 2026, también se incorporan las garantías en salud y seguridad laboral.
Sindicatos y colectivos laborales han acogido la medida como un “paso necesario y largamente esperado” hacia la igualdad en el ámbito laboral. Por su parte, las asociaciones de empleadores han solicitado directrices más claras para el cumplimiento normativo, máxime cuando la mayoría de los hogares carecen de departamentos de recursos humanos o sistemas formales de prevención.
Lo que sí parece incuestionable es que el trabajo doméstico en España está experimentando una transformación, y los días en que se consideraba una actividad informal y desregulada tocan a su fin.
Con la cuenta atrás hacia 2026 en marcha, tanto empleadores como empleados deberán adaptarse. Para los trabajadores, esta reforma implica mayor protección y reconocimiento. Para las familias, constituye un recordatorio de que emplear a alguien en el hogar conlleva las mismas responsabilidades —y el mismo respeto— que en cualquier otro entorno laboral.
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