El Gobierno español y la Iglesia Católica firmaron este jueves un acuerdo histórico para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales por parte del clero, con el objetivo de saldar lo que las autoridades describieron como una “deuda moral”.
El convenio, firmado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la Conferencia Episcopal Española (CEE), establece un sistema para proporcionar reparaciones a las víctimas de abusos en el ámbito eclesiástico que no pueden emprender acciones legales debido a la prescripción de los delitos o al fallecimiento de la víctima, según indicó el ministerio en un comunicado.
“Durante décadas ha habido silencio, ocultación, un daño moral a menudo imposible de reparar”, declaró Bolaños en una rueda de prensa.
“Este acuerdo nos permite saldar una deuda moral histórica que teníamos con las víctimas de los abusos.”
Las asociaciones de víctimas, que desde hace tiempo acusan a la Iglesia de obstruccionismo, acogieron con beneplácito el acuerdo.
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“Es algo por lo que llevamos luchando muchos años”, afirmó a la AFP Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada.
“También nos parece muy importante que la Iglesia, aunque sea presionada por el Vaticano, asuma ahora el compromiso de reparar”, añadió Cuatrecasas, cuyo hijo sufrió abusos sexuales siendo menor por parte de un profesor en un colegio católico.
‘Compromiso moral’
Con este nuevo sistema, la Iglesia financiará las reparaciones —una primicia en España, donde las autoridades eclesiásticas se habían resistido hasta ahora a participar en este tipo de programas—.
Luis Argüello, presidente de la CEE, calificó el acuerdo de “otro paso en el camino que llevamos recorriendo años”, señalando que la Iglesia ya contaba con mecanismos internos para indemnizar a las víctimas.
Las víctimas presentarán sus reclamaciones ante la oficina del Defensor del Pueblo, la cual propondrá reparaciones que podrán incluir medidas económicas, morales, psicológicas, restaurativas o combinadas, explicó Bolaños.
Si la víctima o la Iglesia rechazan la propuesta, una comisión mixta de representantes de la Iglesia, el Gobierno y las víctimas la revisará.
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De no alcanzarse un consenso en esa instancia, prevalecerá la recomendación del Defensor del Pueblo.
El plazo para presentar solicitudes será de un año, con la posibilidad de prorrogarlo un año más si fuera necesario.
La Conferencia Episcopal Española afirmó en un comunicado que el acuerdo “no se basa en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia”.
Asimismo, celebró el compromiso gubernamental “de abordar la reparación integral de las víctimas de abusos en todos los ámbitos de la vida social”, una reivindicación de la Iglesia, que argumentaba que el foco no debía recaer únicamente sobre ella.
Bolaños atribuyó al Vaticano haber proporcionado “un impulso necesario y esencial” para el acuerdo, que ya había tratado con el difunto Papa Francisco y con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.
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Más de 200.000 víctimas
El convenio se produce tras un informe del Defensor del Pueblo de 2023 que reveló que más de 200.000 menores habían sufrido abusos sexuales por parte del clero católico desde 1940.
Esta cifra podría ascender a 400.000 si se incluyen los abusos cometidos por seglares en entornos religiosos.
Inicialmente, los líderes eclesiásticos rechazaron las conclusiones del informe y argumentaron que muchas más personas habían sido abusadas fuera del ámbito de la Iglesia.
Los registros internos de la Iglesia contabilizan 1.057 “casos registrados”, de los cuales 358 están considerados “probados” o “creíbles”.
El acuerdo se produce en un momento en que el Papa León XIV se dispone a visitar España en junio, según comentó el arzobispo de Madrid, José Cobo, a la radio Cope el mes pasado —emisora propiedad de la Conferencia Episcopal—.
A diferencia de lo ocurrido en otros países, en España —una nación tradicionalmente católica que se ha vuelto altamente secular— las denuncias por abusos clericales solo recientemente han ganado tracción, debido principalmente a la cobertura mediática.
Los esfuerzos de la Iglesia por compensar a las víctimas han sido históricamente dispares, con programas e indemnizaciones que varían enormemente en todo el mundo.
En Estados Unidos, donde la crisis estalló en 2002, las demandas judiciales y los planes de compensación le han costado a la Iglesia miles de millones, llevando a algunas diócesis a declararse en bancarrota.