España evalúa medidas de la era Covid ante el temor a una crisis petrolera al estilo de los años 70.

ESPAÑA SE ENFRENTA A UN SEVERO IMPACTO ECONÓMICO ANTE EL CIERRE DEL ESTRECHO DE ORMUZ

La creciente crisis en Oriente Medio ha paralizado el Estrecho de Hormuz, desencadenando una conmoción económica de proporciones globales. Este cuello de botella marítimo, de apenas 34 kilómetros de ancho entre Irán y Omán, ha quedado bloqueado por el conflicto militar y los ataques con drones a buques mercantes.

La escalada ha interrumpido por completo el tráfico naval. El Centro Conjunto de Información Marítima confirma que solo dos embarcaciones comerciales y cero petroleros han atravesado el estrecho en las últimas 48 horas. Un remolcador con bandera de los Emiratos Árabes Unidos, el Mussafah 2, fue impactado por dos misiles esta semana, falleciendo los ocho tripulantes. La nave auxiliaba al buque portacontenedores Safeen Prestige, que permanece a la deriva desde el 4 de marzo tras ser alcanzado en su línea de flotación.

Por este paso estratégico transita normalmente el 20% del petróleo global, lo que supone una pérdida de hasta 20 millones de barriles diarios. Los expertos advierten de que una paralización prolongada podría generar una crisis petrolera similar a la de los años 70, impulsando los precios hasta los 150 dólares por barril. Esta situación severa los corredores comerciales claves y amenaza con provocar escasez de productos frescos, carne y lácteos en regiones dependientes de importaciones casi diarias.

Ante este tsunami económico y la amenaza de una inflación galopante, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto recuperar medidas aplicadas durante la pandemia. Ha convocado una reunión urgente con sindicatos y patronales para elaborar un escudo protector para la economía. El gobierno reactiva su manual de emergencia, preparando intervenciones drásticas que incluyen el regreso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la prohibición de despidos en empresas que reciban ayudas estatales. Los ERTE permiten suspender contratos o reducir jornadas, con el Estado cubriendo parte de los salarios.

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También se contempla priorizar el teletrabajo para combatir posibles desabastecimientos de combustible y rupturas en la cadena de suministro. Las propuestas más cruciales pasan por ampliar el bono social eléctrico e imponer controles estrictos a los precios de la energía para evitar la asfixia de los hogares. Pese a la gravedad de los planes, Díaz ha pedido "tranquilidad y absoluta calma" mientras el gobierno finaliza su diagnóstico. "Tenemos experiencia y lo vamos a volver a hacer si es necesario", afirmó el jueves.

Los principales sindicatos, CCOO y UGT, respaldan la intervención estatal para proteger el empleo. No obstante, sus líderes exigen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lidere personalmente un comité de crisis más amplio. También insisten en un informe riguroso sobre el impacto fiscal de las ayudas, argumentando que es inaceptable rescatar con fondos públicos a empresas que luego se quejan de pagar impuestos.

La crisis se agrava porque las aseguradoras internacionales están cancelando la cobertura para el tonelaje comercial en el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y todas las aguas territoriales iraníes debido al riesgo bélico. El flujo de combustible desde el Estrecho ya se ha desplomado un 90%, desatando una crisis energética en Asia, donde los precios del combustible en Singapur se han disparado más de un 40%. Datos de Kpler subrayan que importantes hubs de suministro y contenedores del Golfo, como el Yebel Alí de Dubái, están completamente bloqueados.

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