El campo español continúa ardiendo, y según la policía, los incendiarios son los responsables de numerosos fuegos que han arrasado bosques, tierras de cultivo y viviendas, cobrándose cuatro vidas.
Las autoridades han revelado que, desde junio, se ha detenido a 48 sospechosos y hay otros 134 bajo investigación por presunta provocación de incendios.
Este año, más de 400.000 hectáreas –más del doble del promedio de las últimas décadas– han sido consumidas por las llamas.
Cientos de bomberos permanecen en el terreno combatiendo los 12 “grandes incendios” que aún prosiguen.
Los mayores infernos incluyen el de A Rua (Ourense), que calcinó 44.424 hectáreas convirtiéndose en el mayor incendio registrado en Galicia, mientras que el de Uña de Quintana (Zamora) arrasó 40.781 hectáreas.
El Gobierno ha declarado a 16 de las 17 comunidades autónomas ‘zonas catastróficas’. Solo el País Vasco se ha librado. Con esta designación, los residentes y negocios afectados tendrán derecho a indemnizaciones por daños patrimoniales y apoyo de emergencia para la reconstrucción.
En la Costa da Morte gallega, dos hombres de Olveiroa (A Coruña) fueron detenidos en la ‘Operación Coppair’ en relación con ocho incendios distintos.
Los investigadores sostienen que la pareja provocó los fuegos al quemar cable de cobre robado para pelarlo y venderlo en el mercado negro. Utilizando gasolina y sopletes, supuestamente iniciaban los incendios en zonas remotas y boscosas, abandonándolos luego ardiendo y sin vigilancia.
Los consiguientes infernos causaron daños por valor de unos 20.000 euros y amenazaron poblaciones como Camariñas, Cee, Dumbria, Vimianzo y Zas.
Más al sur, en la provincia de Málaga, otro hombre ha admitido haber iniciado seis incendios en Teba. Algunos se encendieron a escasos metros de viviendas. Las pistas de los vecinos llevaron a la policía directamente al sospechoso, quien confesó durante el interrogatorio.
Mientras, en Castilla y León, tres casos separados han conmocionado la región. Un hombre en Zamora es acusado de provocar accidentalmente un incendio en Puercas de Aliste–Gallegos del Río que devoró 3.000 hectáreas.
En León, otro está bajo investigación por un fuego “no intencionado” en Filiel–Lucillo; y en Ávila, los agentes afirman que un hombre incendió deliberadamente terrenos en Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal, destruyendo 2.200 hectáreas.
En otro lugar, un hombre de 48 años fue detenido cerca de Madrid tras allegedly prender fuego en la reserva de la Cuenca Alta del Manzanares, que calcinó 31 hectáreas de pastizal protegido.
En Extremadura, dos hombres han sido arrestados por provocar un incendio para “despejar matorral y facilitar la caza”.
Quizás lo más impactante sea que, en la provincia de Ávila, un bombero admitió haber iniciado un fuego, diciendo a los investigadores que deseaba el trabajo extra; mientras en Galicia, una mujer de 63 años en Muxía está siendo investigada por cinco incendios separados, y sospechosos más jóvenes en Ourense y Celanova se enfrentan a cargos por prender fuego deliberadamente a terrenos forestales.
Los incendios, avivados por condiciones de sequía extrema y la ola de calor más severa en España desde 1975, han desencadenado no sólo una catástrofe ambiental, sino también una agria tormenta política en Madrid.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado aprovechar el momento para clamar por unidad, presidiendo una nueva comisión interministerial para el clima e instando a los partidos de la oposición a forjar un “pacto de Estado” para enfrentar futuras crisis.
Pero su principal rival, Alberto Núñez Feijóo del conservador Partido Popular, ha acusado al gobierno de actuar con lentitud y no responder con la suficiente celeridad a la crisis.
El PP ha demandado medidas más severas, incluyendo la creación de un registro nacional de incendiarios, e insiste en que el ejército debería haberse movilizado antes.
Se han impuesto ya casi 90 multas administrativas por incumplimiento de las normas de seguridad contra incendios.
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