España ha desclasificado 153 documentos relativos al fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, levantando décadas de secretismo sobre uno de los episodios más dramáticos de la transición española hacia la democracia.
La publicación coincidió con el fallecimiento de Antonio Tejero Molina, el oficial de la Guardia Civil que lideró la asonada en el Congreso de los Diputados, tomando como rehenes a los parlamentarios e intentando derrocar al incipiente gobierno democrático, seis años después de la muerte de Francisco Franco. Tejero murió a los 93 años, y su familia lo describió como un “hombre de honor” entregado a España.
Los documentos, publicados en la web de La Moncloa, incluyen transcripciones de comunicaciones militares, informes de inteligencia del entonces CESID, diligencias policiales y judiciales, así como anotaciones de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores durante las 18 horas que duró la ocupación de la Cámara.
En ellos se revelan discusiones entre los cabecillas del golpe sobre “disparar a matar”, referencias al despliegue de tanques y otras unidades, así como la implicación de seis agentes de inteligencia. Un informe estimaba que una intervención policial en el interior del hemiciclo podría haber resultado en entre 80 y 110 fallecidos. También quedaron registrados mensajes de apoyo de gobiernos extranjeros, incluido el de la reina Isabel II.
Pedro Sánchez afirmó que la desclasificación pretende “saldar una deuda histórica” y contribuir a desmontar las teorías conspirativas que sugerían que el rey Juan Carlos I tenía conocimiento previo o era cómplice del golpe. Los expedientes confirman que el monarca se enteró de la sublevación por la radio y la denunció en un mensaje televisado, un acto decisivo que ayudó a sofocar la rebelión.
Los historiadores han acogido la difusión como un paso crucial hacia la transparencia, que arroja luz sobre la fragilidad de la joven democracia española, la inquietud en sectores del ejército y el persistente impacto del franquismo y la violencia de ETA en la política del país.