Este lunes, el Gobierno de España propondrá al Consejo de Energía de la Unión Europea la eliminación de los cambios horarios estacionales a partir de 2026, arguyendo que apenas contribuyen al ahorro energético e, incluso, tienen un “impacto negativo” en la salud y la vida de los ciudadanos. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un vídeo difundido en la red social X, recogido por Europa Press, en el que ha señalado que esta semana cambiaremos del horario de verano al de invierno, y en el que ha asegurado que, “francamente”, no le encuentra sentido a adelantar y atrasar el reloj dos veces al año.
“En todas las encuestas que se realizan a españoles y europeos, la mayoría se muestra en contra del cambio horario. Además, la ciencia nos dice que ya no ahorra energía, y lo que sí nos dice la ciencia es que altera los ritmos biológicos dos veces al año”, ha explicado. Por este motivo, Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo español planteará esta cuestión en el Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía (TTE) de la UE, instando a que se lleve a cabo la votación del Parlamento Europeo realizada hace seis años, en la que se decidió poner fin al cambio horario en 2026.
“¿Qué es la política útil? Pues la que escucha a la ciudadanía, así como a la ciencia, y lo incorpora a su legislación”, ha concluido el presidente en su mensaje. El Gobierno se apoyará en tres argumentos para defender esta postura: el respaldo mayoritario de la ciudadanía española y europea; la ausencia de evidencia científica que demuestre que esta práctica genera un ahorro energético sustancial; y las consecuencias negativas que tiene para la salud y el bienestar de millones de personas.
Fuentes han señalado que este cambio, “altamente justificado”, ya fue respaldado hace años por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, si bien ahora toca que la UE-27 “dé el paso definitivo”, aprovechando que el actual calendario de cambios finaliza en 2026 y que esta puede ser “la ventana de oportunidad” para retomar el fin de esta práctica.
“España está liderando este debate para adaptar Europa a los tiempos actuales”, afirman las mismas fuentes, que arguyen que “es una cuestión de sentido común, bienestar y coherencia con la evidencia científica”, además de enviar un mensaje “político y europeo”. Según el Gobierno, eliminar el cambio horario haría que los ciudadanos percibiesen que Europa les escucha. “Queremos una Unión Europea más moderna que piense en el día a día de las personas. Es hora de sincronizar Europa con las personas, no con el reloj”, concluyen.
En 1980, la Comunidad Económica Europea inició la coordinación de los horarios de verano e invierno de los países miembros con dos argumentos: aprovechar mejor las horas de luz solar para reducir el consumo energético y armonizar el funcionamiento del mercado común. Según el Gobierno, casi medio siglo después, los avances en la economía, la tecnología y los hábitos sociales “han dejado obsoleta esta medida, que continúa impactando significativamente en el bienestar de la población”.
En la actualidad, la Unión Europea establece cada cinco años un calendario con las fechas concretas del cambio horario en todos los Estados miembros, siendo el último el aprobado en el Boletín Oficial del Estado el 11 de marzo de 2022, que recoge las fechas exactas de inicio y fin del horario de verano hasta 2026. Ya en 2018, la Comisión Europea propuso eliminar los cambios horarios estacionales en toda la Unión Europea, permitiendo que cada país decidiese, mediante una consulta pública, si mantener su horario actual o fijar uno definitivo sin ajustes bianuales.
Poco después, en marzo de 2019, el Parlamento Europeo respaldó el fin del cambio horario en primavera y otoño para 2021, tras una consulta pública de la Comisión Europea que reveló que un 84% de los ciudadanos europeos –y un 66% de los españoles– estaban a favor de acabar con esta práctica. No obstante, la propuesta legislativa para eliminar de forma coordinada el horario de verano, evitar disrupciones en el mercado interior y fomentar el bienestar ciudadano no fue recibida con el mismo entusiasmo por el Consejo de la UE. Seis años después, los Estados miembros no han establecido una posición conjunta.