COMUNICADO
La Comisión Europea ha decidido iniciar un procedimiento de infracción contra España por las sanciones impuestas a cinco aerolíneas de bajo coste.
Las autoridades españolas multaron a dichas compañías tras su osadía de aplicar recargos a los pasajeros por el equipaje de mano.
Bruselas sostiene que, si bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el equipaje debe ser, en principio, gratuito, esto debe respetar requisitos razonables en cuanto a peso, dimensiones y seguridad.
El equipaje que exceda estos parámetros "razonables", según la Comisión, "está sujeto a la libertad de fijación de precios".
España dispone ahora de dos meses para responder a la Comisión y aportar una justificación o rectificación adecuada a su proceder.
Este proceso ha puesto en entredicho una de las iniciativas políticas emblemáticas del ministro español de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, que ha sido duramente criticada por el director general de Ryanair, Michael O’Leary.
"Esto perjudica a los consumidores europeos y no es necesario que me escuchen más: la Comisión ha confirmado que estas medidas son ilegales", declaró O’Leary en una rueda de prensa el miércoles.
España defiende la sanción a las aerolíneas de bajo coste
Bustinduy tildó de "lamentable" que la Comisión haya decidido "posicionarse abiertamente como el abogado defensor de las multinacionales".
El ministro afirma que los argumentos de Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Turismo, favorecen a las aerolíneas de bajo coste, sin considerar las aportaciones de las asociaciones de consumidores ni del Gobierno español.
"Sabemos que nos movemos en un entorno donde hay grandes intereses en juego", afirmó el político madrileño.
Su departamento ha asegurado hoy que el caso ahora iniciado no afecta a las sanciones a las cinco aerolíneas ya multadas, que actualmente se encuentran en vía de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Nacional.
¿Por qué España sanciona a las aerolíneas de bajo coste?
El Gobierno sancionó hace once meses a cinco aerolíneas de bajo coste por lo que consideró un recargo ilegal a los pasajeros, entre otras irregularidades.
Las multas penalizaban el cobro de un suplemento por equipaje de mano en cabina; las tasas por reservar asientos contiguos para menores, personas dependientes y sus acompañantes; la imposibilidad de pagar en efectivo; y la aplicación de tarifas desproporcionadas por la impresión física de las tarjetas de embarque.
Consumo también criticó la falta de transparencia en los precios publicados en las ofertas de sus páginas web.
Ryanair recibió la multa más cuantiosa, 107.775.777 euros, lo que representa el 60% del total. Le siguieron Vueling, con 39.264.412 euros, y EasyJet, con 29.094.441 euros.
Asimismo, fueron sancionadas otras dos compañías, aunque con importes muy inferiores: Norwegian, con 1.610.001 euros, y Volotea, con 1.189.000 euros.
Continúa el enfrentamiento financiero y dialéctico entre España y Ryanair
El consejero delegado de Ryanair, O’Leary, ha vuelto a arremeter contra lo que considera tarifas excesivas en los aeropuertos españoles, tras eliminar varios centenares de miles de asientos en aeropuertos regionales. "Para la temporada de verano suprimiremos otro millón de asientos", advirtió.
En un contundente comunicado publicado en septiembre, la empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles, Aena, denunció los ataques de O’Leary, alegando que Ryanair sigue una estrategia de acoso y derribo no solo en España, sino también en otros países europeos donde pretende obtener mayores márgenes de beneficio.
"Es difícil encontrar en la historia empresarial contemporánea otro caso como el de Ryanair, en el que la discordancia entre la excelencia operativa de una empresa y la deshonestidad de su política de comunicación sea tan flagrante", señaló la compañía.
"Aena ha propuesto un incremento de 0,68 euros en las tasas aeroportuarias para 2026. La decisión de viajar en avión no depende de que el billete cueste 68 céntimos más, pero Ryanair insiste una y otra vez en lo contrario, a pesar de haber aumentado sus tarifas una media del 21% durante el último año."