El Gobierno izquierdista de España planea blindar el derecho al aborto en la Constitución ante lo que percibe como un asedio global contra la libertad reproductiva, declaró el presidente Pedro Sánchez el viernes. De aprobarse, la nación mediterránea se convertiría en el segundo país del mundo en consagrar constitucionalmente este derecho, después de que Francia lo hiciese el año pasado. Se cumplen cuatro décadas desde que la interrupción voluntaria del embarazo dejó de ser delito en el país en 1985.
“Con este Gobierno no habrá retrocesos en derechos sociales”, escribió Sánchez en una publicación en la plataforma X. La coalición de Gobierno entre socialistas y la izquierda más radical está redoblando su apuesta por políticas progresistas y feministas en un intento de movilizar a su base electoral, en un contexto en el que los sondeos reflejan un auge del apoyo al partido de ultraderecha Vox.
La reforma requiere el respaldo de tres quintas partes del Congreso, lo que significa que necesitaría el apoyo de legisladores del Partido Popular (PP), de la oposición conservadora. Además, el Ejecutivo pretende modificar la ley del aborto para impedir que las mujeres que desean interrumpir su embarazo reciban información falsa destinada a disuadirlas. Según un comunicado de la oficina de Sánchez, la norma modificada obligaría a las autoridades sanitarias a ofrecer únicamente información basada en evidencia científica objetiva, de acuerdo con los estándares establecidos por instituciones como la Organización Mundial de la Salud o la Asociación Psiquiátrica Estadounidense.
Esta iniciativa se produce luego de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara el miércoles una medida que obliga a los servicios sanitarios a informar a las mujeres que contemplan abortar sobre el denominado “síndrome postaborto”. La propuesta, impulsada por Vox, fue aprobada con los votos del PP. Según la formación ultraderechista, este síndrome —cuya existencia carece de consenso científico— provocaría supuestamente el consumo de alcohol y drogas, ideas suicidas e incluso cáncer en el sistema reproductor femenino.
“El PP ha decidido fusionarse con la ultraderecha. Es su desición. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres”, añadió Sánchez en su publicación de X. Los defensores de los derechos reproductivos sostienen que los esfuerzos globales para restringir las libertades de las mujeres se han intensificado desde que el Tribunal Supremo de EE. UU. derogase en 2022 el caso Roe vs. Wade, el fallo de 1973 que reconocía el derecho constitucional al aborto. Tanto en su primer como en su segundo mandato, el presidente estadounidense Donald Trump ha impuesto restricciones a la ayuda exterior de EE. UU. destinada a grupos que realizan o promueven abortos en el extranjero.