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El gobierno español está avanzando con un impuesto del 100 por ciento sobre las ventas de viviendas a ciudadanos no residentes/no pertenecientes a la Unión Europea en un movimiento controvertido que podría afectar la venta de casas de vacaciones a miles de ciudadanos británicos. El impuesto tiene como objetivo enfriar el próspero mercado inmobiliario de España, que ha dejado a millones de españoles sin poder comprar una vivienda. Se culpa a los compradores extranjeros. El impuesto es a nivel nacional.
El primer ministro Pedro Sánchez presentó un proyecto de ley al parlamento español esta semana buscando promover “medidas que permitan el acceso a la vivienda, ya que nos enfrentamos a uno de los mayores problemas con los que actualmente se enfrenta nuestra sociedad”.
Agentes inmobiliarios y expertos en propiedades consultados por el Bulletin han dicho que dudan seriamente de que el impuesto se introduzca debido a la falta de mayoría de Sánchez en el parlamento. Sin embargo, advirtieron que incluso la amenaza de ello es suficiente para ahuyentar a posibles compradores.
Sánchez dijo en un foro económico a principios de año que los compradores extranjeros habían comprado miles de propiedades “no para vivir en ellas, sino para obtener beneficios de ellas, lo que, en el contexto de la escasez en la que nos encontramos, obviamente no podemos permitir”.
Parece que se está apuntando a los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea porque de lo contrario se infringiría la ley de la Unión Europea sobre la libre circulación.
En Mallorca hay signos de que el mercado inmobiliario se está enfriando y los precios han comenzado a bajar. Un gran porcentaje de las ventas de viviendas en la isla son a residentes extranjeros, en su mayoría alemanes. Esta ley, si alguna vez se llegara a introducir, haría que el problema fuera aún mayor.
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