Según la investigación, la compañía ofrecía servicios de remoción de amianto sin contar con las autorizaciones necesarias ni con los planes de trabajo estipulados por ley. Además, llevaba a cabo los trabajos sin seguir los protocolos de seguridad ni realizar las evaluaciones de riesgo pertinentes.
La Guardia Civil de Murcia ha destapado un grave caso de estafa relacionado con residuos tóxicos, tras descubrir que una empresa aparentemente simulaba deshacerse de manera segura de materiales peligrosos que contenían amianto — pero que en realidad nunca los entregaba en los centros de reciclaje autorizados.
Los investigadores sostienen que la firma, con sede en Madrid, retiraba placas de fibrocemento con amianto de obras de construcción, cobraba el importe completo por su “gestión segura” y luego falsificaba documentación de plantas de reciclaje para aparentar que los residuos peligrosos habían sido tratados correctamente.
El fraude salió a la luz cuando una constructora de Murcia, tras haber pagado por la retirada del amianto, solicitó la documentación habitual que acreditara el tratamiento del material peligroso. Lo que recibió fue un certificado tan sospechoso que presentó una denuncia formal.
El SEPRONA — la unidad de la Guardia Civil especializada en delitos medioambientales — puso en marcha la Operación Litterbug durante el verano. Los agentes descubrieron rápidamente que el supuesto centro de reciclaje nunca había recibido los residuos peligrosos y que el certificado de eliminación era completamente falso.
Peor aún, la investigación halló otros dos casos que involucraban a la misma empresa de gestión de residuos, lo que sugiere que el presunto fraude no fue un hecho aislado, sino una práctica recurrente. En los tres casos, la policía afirma que la compañía realizaba la retirada, embolsaba el dinero, emitía documentación falsa y luego desaparecía — dejando a las constructoras imposibilitadas para recuperar las fianzas municipales obligatorias y cargando con la responsabilidad legal.
Conforme a los investigadores, la entidad publicitaba servicios de retirada de amianto sin disponer de los permisos pertinentes o de los planes de trabajo legalmente preceptivos. Acto seguido, ejecutaban los trabajos sin observar los protocolos de seguridad ni realizar evaluaciones de riesgos adecuadas.
El gerente de la compañía ha sido ya imputado y se enfrenta a posibles delitos de estafa, falsificación documental y crimes contra el medio ambiente. Fuentes de la Guardia Civil advierten de que la gestión irregular de residuos tóxicos no solo pone en riesgo la salud pública, sino que además causa un grave perjuicio reputacional y económico a las empresas víctimas.
Los agentes del SEPRONA mantienen la investigación abierta para determinar la envergadura total de la presunta estafa de residuos tóxicos y esclarecer todas las responsabilidades, tanto penales como administrativas.