Declaraciones judiciales revelan conciencia de ilegalidad en macrojuicio por vertidos en Orihuela
El Juzgado de lo Penal número 3 de Elche acoge estas semanas las impactantes declaraciones del macrojuicio por el enterramiento ilegal de, al menos, un millón de toneladas de residuos en suelos agrícolas de La Murada, Orihuela, entre 2005 y 2011. Agentes especializados de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional confirmaron en sede judicial que los acusados eran plenamente conscientes de la gravedad de los hechos y procuraron ocultarlos.
La Fiscalía solicita siete años de prisión para el empresario agrícola Francisco Poveda —propietario de los terrenos— y cinco años para Antonio Ángel Fenoll, Francisco Fenoll, Ángel Fenoll Pastor —familiares del conocido empresario local Ángel Fenoll—, así como para el exedil Javier Bru y el empresario José Vera, presuntos facilitadores de los enterramientos. Ángel Fenoll, principal imputado, no se sentará en el banquillo debido a una enfermedad.
Las conversaciones intervenidas pusieron de manifiesto el conocimiento que tenían los encausados sobre las consecuencias legales que se avecinaban. Según las escuchas, Poveda llegó a comentarle a Ángel Fenoll: "Vamos a acabar esposados", reflejo del pánico ante la multiplicación de denuncias e inspecciones. Los agentes testificaron que los enterramientos se ejecutaron a pesar de las advertencias policiales, y que Poveda incluso aceleró los trabajos al ser confrontado in situ.
En mayo de 2008, la Policía Local logró seguir a camiones de basura que descargaban residuos en fincas, obteniendo fotografía del delito en plena ejecución. La investigación sacó a la luz enormes fosas colmatadas con desechos sin tratar, algunas soterradas bajo cultivos de cítricos, que contenían desde material orgánico e inorgánico hasta residuos sanitarios, jeringuillas, electrodomésticos, plásticos y vidrio. Los agentes describieron el escenario como "dantesco", con una hedor nauseabundo y condiciones insalubres.
Las excavaciones realizadas por la Guardia Civil y la UDEF confirmaron la contaminación en una superficie de 500 hectáreas, repartidas en 11 parcelas de las diputaciones oriolanas de Los Vives, Los Rubira, Los Sigüenzas y Los Corrales. Las autoridades alertan de que se trata de uno de los delitos ecológicos más graves de la demarcación, con una contaminación edáfica persistente y riesgos potenciales para la salud pública y la viabilidad agrícola.
La defensa intentó impugnar la validez del juicio, cuestionando la utilización de las escuchas del caso Brugal y la identificación de las parcelas contaminadas. No obstante, el magistrado Francisco Javier Saravia denegó la petición de nulidad, arguyendo que la causa se sustenta también en inspecciones oculares, detallados informes policiales y exhaustivos peritajes analíticos.
Este proceso judicial subraya el devastador impacto de la criminalidad ambiental en España, evidenciando cómo la disposición deliberada de residuos no solo aniquila ecosistemas, sino que también compromete la salud ciudadana y el sustento agrario. El juicio de Orihuela prosigue, proyectando una luz cruda sobre la exigencia de responsabilidades ante la destrucción ambiental a gran escala.