La problemática inmobiliaria no es exclusiva de las Islas Baleares, sino que afecta significativamente a otras comunidades autónomas españolas, como Cataluña. El Govern catalán ha anunciado que tiene previsto abordar esta crisis explorando “la forma más idónea” de limitar la compra de viviendas con fines especulativos durante el primer trimestre de 2026.
Se ha constituido una Comisión específica para el estudio de las compras especulativas de vivienda, en la que participan el grupo político de los Comuns y diversos expertos. Las conclusiones de esta comisión se presentarán antes de que finalize 2026 y deberán analizar la aplicabilidad de la medida, el marco regulatorio necesario, el cronograma de implementación y sus potenciales efectos en el mercado. Asimismo, a lo largo del primer trimestre de 2026, se mantendrán conversaciones con los grupos parlamentarios para lograr el respaldo necesario a la propuesta.
El gobierno de Salvador Illa pretende que estas restricciones sean de carácter temporal, estén delimitadas geográficamente a las zonas de mercado tensionado y se vinculen principalmente al uso para alquiler residencial. Esto plantea la cuestión de si podrían implantarse medidas similares en Baleares, lo que ha motivado la consulta a varios especialistas del sector.
Obstáculos jurídicos en el horizonte
Alejandro Del Campo, abogado de DMS Legal especializado en fiscalidad inmobiliaria, es contundente en su valoración. “La medida en cuestión no solo me parece inconstitucional, sino manifiestamente contraria al Derecho de la Unión Europea, en particular a la libre circulación de capitales, habida cuenta de que la inversión en inmuebles constituye un movimiento de capital y cualquier restricción a dichos movimientos está prohibida, no solo entre Estados miembros de la UE, sino también con terceros países.”
José Miguel Artieda, presidente del Colegio Balear de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), expresa preocupaciones similares. “Supone una clara intromisión en el derecho de propiedad, algo que debería ser inconstitucional, pero que la desafortunada Ley Estatal de Vivienda, aprobada por una mayoría mínima, sugiere que podría ser posible.”
En su opinión, “el derecho de propiedad debe garantizar el uso del objeto (el inmueble) siempre que se cumpla la legalidad; es decir, utilizándolo para aquello para lo que fue creado y, dentro de los límites de la titularidad, poder hacer lo que mejor convenga siempre que se ajuste a la ley.”
Impacto en el mercado del alquiler
Al ser preguntado sobre los posibles efectos en el mercado de alquiler, Artieda respondió que el impacto sería “negativo por dos razones. Una, la propia naturaleza indebida e indeseable en un Estado democrático de que la Administración supervise la propiedad privada. Y otra, que desincentiva la inversión de quienes posteriormente podrían destinar productos al mercado del alquiler.”
Daniel Arenas, presidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI), considera que “la propuesta de limitar la compra de viviendas para frenar la especulación es, una vez más, una medida desacertada del Govern catalán. Este tipo de intervención en el mercado de la propiedad privada suele generar efectos adversos: muchos propietarios optan por retirar sus inmuebles tanto de la venta como del alquiler, lo que reduce la oferta disponible y dificulta aún más a los residentes encontrar una vivienda en alquiler.”
Desde su perspectiva, “cuando se restringe artificialmente el mercado, el resultado inmediato es una menor disponibilidad de pisos y, en consecuencia, un incremento de los precios.” Arenas afirma que “lo que realmente resultaría eficaz sería impulsar la oferta: construir más vivienda asequible, potenciar la vivienda protegida y facilitar la incorporación de nuevas propiedades al mercado. Solo incrementando la oferta se puede lograr una reducción real y sostenible de los precios.”
Consecuencias económicas
Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de Futur Legal, sostiene que dichas medidas “serían contraproducentes para la economía balear.” Sostiene que “es un error pretender que, impidiendo que la gente compre inmuebles para invertir, todos los que tienen casas las pongan de repente en alquiler a precios asequibles.”
A este respecto, insiste en que “lo que deberían hacer los gobiernos no es prohibir, sino facilitar la construcción de viviendas al menor coste posible y generar un parque de vivienda social en alquiler bien gestionado.” Monserrat critica que “anunciar la prohibición de comprar con fines de inversión equivale a eslóganes políticos para captar votos y se halla completamente al margen de nuestro ordenamiento jurídico.”
En su opinión, “perpetúa el mismo error que cometen los políticos de izquierdas, quienes creen que los inversores que adquieren viviendas para luego alquilarlas son los villanos, cuando en realidad forman parte de la solución. Lo que necesitamos es más oferta, tanto en alquiler como en venta.”