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Un tribunal español rechazó ayer una apelación de Airbnb, manteniendo en vigor una orden para retirar casi 66.000 anuncios de alquiler que, según el gobierno, incumplían la normativa local.
Las autoridades han señalado que los alquileres turísticos de la plataforma en cascos urbanos y zonas de alta demanda están agravando la crisis de vivienda en España, mientras el país recibe un récord histórico de visitantes.
Hace un mes, el gobierno ordenó a Airbnb bloquear 65.935 anuncios tras ser identificados por la Dirección General de Derechos del Consumidor por irregularidades. Exigió la eliminación inmediata de 5.800 de ellos.
El organismo alegó que los anuncios señalados carecían de número de registro o no especificaban si el arrendador era un particular o una empresa. Además, algunos incluían datos que no coincidían con los registros oficiales.
Airbnb mantiene su postura
En un comunicado, Airbnb criticó que las acciones del Gobierno contradicen la normativa española, que responsabiliza a los propietarios —no a la plataforma— de facilitar esa información.
También argumentó que el tribunal de Madrid no evaluó el fondo de la orden y anunció que recurrirá la decisión. La empresa insistió en que la crisis inmobiliaria se debe a "una falta de oferta para cubrir la demanda", tachando otras explicaciones de "distracciones".
El mes pasado, el ministro de Derechos del Consumidor, Pablo Bustinduy, declaró a Associated Press que el turismo no puede "comprometer derechos constitucionales como el acceso a la vivienda o el bienestar social".
Por su parte, Carlos Cuerpo, ministro de Hacienda, destacó en otra entrevista la necesidad de abordar los efectos adversos del turismo masivo. Abogó por aumentar la construcción de viviendas y regular los alquileres vacacionales.