El principal partido de la oposición de Etiopía ha condenado la prohibición de sus actividades, diciendo que representa una “grave amenaza” para el acuerdo de paz de 2022 que puso fin a dos años de conflicto en la región norteña de Tigray. El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) ha pedido a la Unión Africana que medie con el gobierno federal después de que la agencia electoral revocara su estatus legal como partido. El partido, que gobierna Tigray y dominó todo el país durante muchos años, fue prohibido el miércoles por no haber celebrado una asamblea general. La decisión sigue a meses de tensiones políticas en Tigray y precede a las elecciones nacionales que deben tener lugar a más tardar en junio del próximo año. El partido lideró una coalición que derrocó al gobierno en 1991 y gobernó Etiopía hasta 2018, cuando el primer ministro Abiy Ahmed asumió el poder. Luego disolvió esa coalición y formó un nuevo partido, que fue rechazado por el TPLF. El conflicto culminó en una guerra civil que dejó decenas de miles de personas muertas y millones de personas desplazadas de sus hogares en el norte de Etiopía antes de que se firmara un alto el fuego en noviembre de 2022. El partido dirige la administración interina de Tigray, que se estableció en 2023 como parte del acuerdo de paz, conocido como el acuerdo de paz de Pretoria. Sin embargo, el partido no ha podido realizar elecciones internas debido a una división, con dos facciones que reclaman el control del partido. La Junta Nacional de Elecciones de Etiopía, que supervisa la conducta de los partidos políticos, el miércoles “resolvió desregistrar formalmente” al TPLF con el argumento de que no había celebrado una asamblea general. Pero el partido ha protestado contra la medida y ha pedido a la Unión Africana que “presione” al gobierno federal para que suspenda la aplicación de la prohibición. En una carta a la UA, el partido dijo que la prohibición “niega al TPLF un derecho que había reclamado a través del Acuerdo de Pretoria y representa una seria amenaza para los cimientos del proceso de paz”. Añadió que el acuerdo de paz estipulaba que ambas partes reconocieran la legitimidad de la otra y que cualquier problema político debía resolverse mediante el diálogo. El vicepresidente del TPLF, Ammanuel Assefa, dijo a la BBC que la decisión de la junta electoral podría “dañar el acuerdo de Pretoria”, lo que “sería peligroso”. “Esto no se trata solo del TPLF, sino también de socavar lo que la gente ha sacrificado”, agregó Ammanuel. Los retrasos en la aplicación de los términos del acuerdo, incluido el retorno de alrededor de un millón de personas desplazadas por la guerra, han avivado temores de una nueva violencia en Tigray. Varios países, incluidos EE. UU., Reino Unido y la Unión Europea, han advertido sobre la creciente tensión, diciendo que no debe haber “ningún retorno a la violencia”.
