SONRÍE para tu médico… o más te vale. El sistema sanitario español está implementando discretamente tecnología de reconocimiento facial en más de 170.000 pacientes en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, generando indignación entre defensores de la privacidad y profesionales de la salud.
El sistema INGESA, ya operativo en algunas clínicas de Melilla, utiliza cámaras para escanear los rostros de los pacientes y convertirlos en códigos biométricos únicos. Esos datos se vinculan luego con tus historiales médicos—enfermedades, DNI, todo. Los críticos advierten: es el Gran Hermano con bata blanca.
La medida sigue a un contrato de 700.000 euros adjudicado a las empresas tecnológicas Dedalus y Facephi para modernizar registros sanitarios e identificar pacientes mediante IA. Las autoridades alegan que evitará fraudes, duplicados y errores en facturación… pero no explican por qué los sistemas de identificación actuales no bastan. Al fin y al cabo, las tarjetas sanitarias de la región ya incluyen fotos.
«No nos consultaron y ni siquiera sabemos cómo funciona», denunció el Dr. Enrique Roviralta del Colegio Médico de Ceuta en declaraciones a Civio. Y los reguladores señalan que el análisis de protección de datos es débil y lleno de lagunas—sin un proceso claro de consentimiento ni revisión independiente.
Peor aún: los más afectados son los vulnerables—migrantes y personas sin seguro, incluidos muchos marroquíes. Los críticos temen que desanime a buscar tratamiento vital, todo para pillar a unos pocos que no califican para la sanidad pública.
Los expertos en privacidad están furiosos. «Los datos biométricos son para siempre—si los hackean, no hay vuelta atrás», alertan activistas. «Este sistema es intrusivo, arriesgado e innecesario».
El gobierno insiste en que es por «eficiencia y seguridad». Pero con sesgo racial, posibles filtraciones de datos y un efecto disuasorio en el acceso a la salud, muchos se preguntan: ¿Esta tecnología ayuda a los pacientes… o los perfila?
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