La agencia federal estaba bajo orden judicial de proveer dos meses de aviso antes de volver a emitir los documentos relacionados con la transferencia de tierras del Bosque Nacional Tonto, conocidas como Oak Flat, a Resolution Copper.
Todavía está pendiente una apelación ante la Corte Suprema de EE. UU. presentada por un grupo conocido como Apache Stronghold, que representa los intereses de ciertos miembros de la Tribu Apache de San Carlos.
“Esto deja claro los riesgos: si la corte no actúa ahora, Oak Flat podría ser transferido y destruido antes de que se haga justicia”, dijo Luke Goodrich, un abogado que representa al grupo.
Apache Stronghold demandó al gobierno de EE. UU. en 2021 bajo la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa para proteger el lugar que los miembros tribales llaman Chi’chil Bildagoteel, un área salpicada de antiguos robledales y plantas tradicionales que los Apaches consideran esenciales para su religión.
Ese mismo año se retiró un estudio de impacto ambiental para el proyecto mientras el Departamento de Agricultura de EE. UU. bajo la administración de Biden consultaba durante meses con tribus y otros sobre sus preocupaciones.
En 2024, un panel de la corte de apelaciones se negó a bloquear la transferencia de tierras crucial para la mina. Eso llevó a Apache Stronghold a presentar una petición ante la Corte Suprema.
Los abogados del gobierno federal señalaron en la presentación del jueves que si la petición aún está pendiente o ha sido concedida dentro del período de 60 días tras el aviso, pueden reevaluar cómo proceder.
El presidente Donald Trump ha firmado numerosas órdenes ejecutivas desde que asumió el cargo, todas destinadas a vigorizar la producción nacional de energía y minerales y alimentar los avances tecnológicos. Una de esas órdenes se centró específicamente en la minería de cobre.
Resolution Copper, una subsidiaria de los gigantes mineros internacionales Rio Tinto y BHP, ha estimado que se podrían extraer 40 mil millones de libras de cobre durante la vida útil de la mina y que el proyecto generará $1 mil millones anuales para la economía de Arizona y creará miles de empleos.
Resolution Copper calificó el aviso del jueves como un paso positivo, diciendo que ha habido más de una década de revisión rigurosa y consulta con comunidades locales y tribus nativas americanas.
“Trabajando juntos, hemos creado un plan que preserva el patrimonio cultural y los recursos naturales del área y mejora las oportunidades recreativas al tiempo que crea nuevas oportunidades económicas que pondrán a los recursos y trabajadores de Arizona en el centro de la seguridad energética e infraestructural de la nación, con un suministro nacional de cobre y otros minerales críticos”, dijo Vicky Peacey, gerente general de Resolution Copper, en un comunicado.
Además de las preocupaciones sobre el daño a los recursos culturales, los ambientalistas llaman al área una “joya biológica” y dicen que la minería en la zona llevaría a una degradación extrema.
Peacey dijo que la empresa está comprometida con un diálogo abierto para garantizar que el proyecto se realice de manera responsable y sostenible.