La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) exige una actuación ministerial urgente o la derogación del Real Decreto 933/2021, relativo al sistema de registro de viajeros de España. La organización lleva años mostrando su oposición al nuevo sistema, alegando preocupación sobre la legalidad de la recogida de datos y su incumplimiento de la normativa europea sobre libre circulación de viajeros y protección de datos.
Durante los últimos dos años, las autoridades europeas han manifestado una creciente inquietud en reuniones mantenidas con asociaciones turísticas, entre las que se incluyen HOTREC, ECTAA, EFCO y RuralTour. Dichas organizaciones han cuestionado la compatibilidad del Real Decreto con la legislación de la Unión Europea, destacando, en particular, que el requisito español de recopilación y transmisión de datos es único dentro de la UE.
Informes jurídicos han identificado problemas en relación con los principios de proporcionalidad y minimización de datos, lo que genera dificultades para tour operadores, agencias de viajes y pymes, que se ven atrapadas entre los requisitos legislativos nacionales y europeos.
La Comisión Europea, a través de su Directora General Adjunta de Justicia y Consumidores, ha aclarado que cualquier recopilación de datos debe ajustarse a la Directiva (UE) 2016/680. La Comisión ha mantenido un diálogo activo con las autoridades españolas y señala que el alcance exacto de las obligaciones para los alojamientos, plataformas online y empresas de alquiler de vehículos sigue sin estar definido a la espera de una orden ministerial.
CEHAT, que representa a 51 asociaciones provinciales, regionales y sectoriales del sector del alojamiento turístico en España, mantiene que el Real Decreto contradice el derecho de la UE y el reglamento de protección de datos. El sector no ha mantenido contacto con el Ministerio del Interior durante diez meses, a pesar de tres años de consultas previas.
Jorge Marichal, presidente de CEHAT, declaró: “Hemos esperado demasiado tiempo a que el Ministerio del Interior aborde las preocupaciones del sector turístico español y escuche a los representantes europeos. Es crucial que el Ministerio vuelva a colaborar con los representantes del sector para elaborar una orden ministerial conforme a la ley o derogar el Real Decreto 933/2021, creando un sistema eficiente que cumpla con los objetivos originales”.