El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ha dimitido horas antes de enfrentarse a una votación de no confianza en el Congreso. Los miembros del Congreso de Perú habían pedido la votación de no confianza después del reciente secuestro y asesinato de 13 trabajadores mineros, lo cual conmocionó al país. La renuncia de Adrianzén es otro golpe para la presidenta en apuros, Dina Boluarte, cuya aprobación ha caído a medida que los índices delictivos en el país han aumentado. La renuncia del primer ministro – el tercero en servir bajo Boluarte – obliga a la presidenta a reemplazar a todo su gabinete, añadiendo a la convulsión política de Perú. Según la constitución de Perú, todos los ministros deben renunciar si el primer ministro dimite. Aunque la presidenta puede volver a nombrar a las mismas personas en los cargos de los que renunciaron, solo puede hacerlo una vez que haya un nuevo primer ministro en su lugar. El colapso del gabinete llega en un momento ya tumultuoso en la política peruana. Poco antes de que el primer ministro Adrianzén anunciara su renuncia, Boluarte había reorganizado su gabinete existente, anunciando nuevos ministros de finanzas, interior y transporte. Los tres ahora tendrán que renunciar, justo horas después de ser juramentados por la presidenta. La ya baja aprobación de la presidenta Boluarte – quien asumió el cargo cuando el presidente anterior, Pedro Castillo, fue destituido – ha caído aún más a medida que los peruanos se muestran cada vez más impacientes ante lo que consideran su fracaso en combatir el crimen. En los últimos meses, cientos de personas han salido a las calles en protesta por el creciente problema de la extorsión, ya que las bandas exigen cada vez más pagos incluso a los negocios más pequeños, incluidos los trabajadores del transporte. Vestidos de blanco, exigieron “una respuesta inmediata para combatir la extorsión y los asesinatos selectivos”.
