El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó el viernes partes de un proyecto de ley que facilitaría a las empresas obtener permisos ambientales, cediendo a la presión de grupos activistas.
Conocido como la “ley de devastación” por sus críticos, el texto aprobado por los diputados habría relajado las normas de licencias ambientales para proyectos considerados “estratégicos” por el estado.
Para algunos permisos, solo se hubiera necesitado una simple declaración del compromiso ambiental de la empresa.
Sin embargo, Lula restableció las estrictas reglas actuales para proyectos estratégicos, como un polémico megaproyecto petrolero en la desembocadura del río Amazonas, pero estableció un plazo de un año para su aprobación o rechazo.
Su veto tambien garantiza que varios territorios indígenas y el Bosque Atlántico, que se extiende por la costa este, seguirán teniendo protección especial, según dijo la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.
La ONG SOS Mata Atlántica, que reunió más de un millón de firmas pidiendo el veto, calificó la decisión como “una victoria” para el medio ambiente.
Greenpeace también elogió la acción del presidente de izquierda.
Pero el coordinador de APIB, el mayor grupo de derechos indígenas de Brasil, expresó su decepción porque Lula no rechazó todo el proyecto.
El veto de Lula debe ser ratificado por el Congreso, dominado por conservadores.
Su gestión ambiental está bajo escrutinio antes de la cumbre climática de la ONU, que él organizará en noviembre en Belém, en la Amazonía.
Aunque busca liderar la lucha climática, Lula enfrenta críticas por apoyar la perforación en la Margen Equatorial, en la costa norte.
Él argumenta que los ingresos del petróleo son necesarios para financiar la transición energética de Brasil.
Silva dijo que el objetivo de Lula es asegurar que “la economía no compita con la ecología, sino que sean parte de la misma ecuación”.
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