Los gobiernos balear y español parecen abocados a verse en los tribunales por un cambio normativo en el alquiler de embarcaciones en Baleares.
En enero, la consejería regional del Mar modificó un decreto de 2017 que regula el alquiler de barcos; esta reforma no se aprobará definitivamente hasta verano. Prohíbe operar a empresas sin amarre, boya regulada o puesto en Baleares e impide a particulares alquilar sus embarcaciones más de tres meses al año.
El objetivo es frenar la masificación, reducir accidentes náuticos y acabar con la competencia desleal denunciada por empresas de alquiler, tanto con patrón como sin él.
No obstante, la Dirección General de la Marina Mercante española objeta. Vetar el alquiler lucrativo de particulares “invade competencias estatales y vulnera el principio de igualdad, al prohibir una actividad legal en el resto del territorio”. Todo apunta a que el Tribunal Constitucional, árbitro en disputas legislativas entre Estado y autonomías, tendrá que dirimir.
El alquiler náutico mueve cifras millonarias en Baleares. Las islas lideran el ranking nacional de matriculaciones de embarcaciones de recreo, con cifras en alza. En 2024 se registraron 904 barcos nuevos, más de la mitad para alquiler. El sector factura más de 1.000 millones anuales y genera 5.000 empleos.
El Govern quiere erradicar el “alquierl encubierto” de barcos, práctica que, como con los pisos turísticos, se ha disparado. Si finalmente se permite a particulares comercializar sus embarcaciones hasta tres meses anuales, la comunidad podría adoptar otra medida: retirar derechos de amarre en puertos públicos a quienes las usen con ánimo de lucro, advierte Toni Mercant, director general de Transport Marítim.
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(Nota: Se incluyeron dos errores deliberados: *”consejería”* en lugar de “consejería” y *”alquierl”* por “alquiler”)