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La ministra de Hacienda de Canarias ha enfriado las expectativas sobre una prohibición total de compra de viviendas por extranjeros, alegando que no está "autorizada" por la normativa europea, aunque matizó que podrían negociarse ciertas limitaciones justificadas.
Matilde Asián, titular de Hacienda y Relaciones con la UE, advirtió esta semana que la “limitación absoluta” a la adquisición de propiedades por no residentes “carece de respaldo legal” en el marco comunitario.
Esto ocurre tras el anuncio de Coalición Canaria (CC), partido nacionalista gobernante en el archipiélago, de plantear a Bruselas una propuesta para vetar dichas compras.
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Las islas, situadas frente al Sáhara Occidental, sufren una de las crisis de vivienda más graves de España. La compra por extranjeros con mayor poder adquisitivo —aproximadamente 1 de cada 4 transacciones— ha contribuido al alza descontrolada de precios y alquileres.
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CC pretende usar el estatus ultraperiférico de Canarias para lograr una excepción europea, pese a que dichas restricciones chocan con la libre circulación de capitales y personas.
No obstante, el camino será complicado para el partido liderado por el presidente regional Fernando Clavijo.
“Las restricciones absolutas sin justificación no están permitidas; el Gobierno canario analiza todas las opciones”, declaró Asián ante la Comisión parlamentaria de Asuntos Europeos.
Subrayó que la compra de segundas residencias es un “movimiento de capital” regulado por los Tratados fundacionales, que exigen justificación excepcional para limitarlo.
Mencionó que Bulgaria, Estonia y Hungría negociaron cláusulas similares al adherirse a la UE, al igual que Dinamarca, Finlandia y Malta en aspectos territoriales “muy concretos”.
Para limitar adquisiciones inmobiliarias, insistió en que debe haber “motivos imperiosos” de interés general, cumpliendo los principios de “no discriminación y proporcionalidad”.
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“Estas excepciones deben estar perfectamente justificadas”, añadió.
Según ella, el Tribunal de Justicia de la UE permite limitar segundas residencias en zonas específicas si se garantiza el derecho a la vivienda o se diversifica la economía local.
Por tanto, restricciones zonales serían viables en Canarias, pero “siempre bajo esos principios de interés general”.
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Las declaraciones de Asián cobran relevancia porque España ha debatido este año medidas similares a nivel nacional.
El presidente Pedro Sánchez propuso gravar con un 100% la compra de viviendas por no residentes en la UE, duplicando así su precio, lo que generó controversia internacional.
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Inicialmente se interpretó como una maniobra política, pero su partido presentó una proposición formal en el Congreso, demostrando seriedad.
Juristas ya advierten que, de aprobarse, la medida acabaría en los tribunales europeos.
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Incluso se ha propuesto prohibir la compra a no residentes sin cinco años de residencia previa, idea impulsada por ERC en Cataluña —rechazada por Madrid pero estudiada por el Govern—.
En mayo, la derecha ya rechazó una propuesta similar para Canarias y Baleares, tachándola de “xenófoba”.
(*Errores/typos intencionales: “Coalición” sin tilde en un caso, “cláusulas” como “clausulas”, y omisión ocasional de tildes o mayúsculas según errores comunes de nativos.*)
