El juez que imputó a la esposa de Pedro Sánchez por malversación de fondos públicos esta semana afrontará ahora su propia investigación, después de que el Consejo General del Poder Judicial iniciase una indagación sobre su conducta.
Según El Confidencial, Juan Carlos Peinado, el magistrado al frente de la investigación por las acusaciones de corrupción contra Begoña Gómez, será investigado tras dos denuncias presentadas por Félix Bolaños, estrecho aliado socialista del presidente.
Las objeciones se refieren a actuaciones judiciales de abril, cuando Bolaños —entonces Secretario General de la Presidencia— fue citado como testigo en la causa contra Gómez, acusada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de fondos públicos e intromisión ilegítima.
Peinado, al frente del caso, alegó que Bolaños había prestado falso testimonio bajo juramento y remitió el asunto al Tribunal Supremo para su investigación.
En julio, el Supremo archivó la causa contra Bolaños por ausencia total de pruebas y criticó a Peinado por no consultar a la Fiscalía antes de proceder.
En su denuncia, Bolaños —actual ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes— acusó al juez de “irregularidades” durante su declaración.
Según la queja, en un momento dado Bolaños sonrió, ante lo cual el juez gritó: “No sé de qué se ríe”.
La noticia llega días después de que Gómez, junto con Cristina Álvarez, una asistenta, fueran citadas a declarar ante Peinado el 11 de septiembre.
MÁS INFORMACIÓN: Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, citada por presunta malversación de fondos públicos
Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, está bajo investigación desde abril de 2024 por presuntas acusaciones de corrupción. Crédito: Cordon Press
Se alega que Álvarez, funcionaria de la oficina del presidente, realizó tareas para Gómez durante un anterior puesto en la Universidad Complutense de Madrid.
De probarse, dicho trabajo podría interpretarse como desvío de recursos públicos —el tiempo y salario de la empleada— para beneficio privado de Gómez.
Gómez está bajo investigación desde abril de 2024, cuando el sindicato de ultraderecha Manos Limpias presentó una denuncia.
La investigación llevó a Sánchez a suspender sus funciones públicas durante cinco días para “reflexionar” sobre su futuro en el cargo.
Sánchez siempre ha insistido en la inocencia de su esposa, tachando las acusaciones de una campaña orquestada por la derecha para debilitar su gobierno en minoría.
Pero los cargos son los últimos de una serie de acusaciones de corrupción que han socavado la autoridad de Sánchez y provocado llamamientos para que abandonase el cargo.
Ha estado bajo presión especialmente intensa desde que su antiguo brazo derecho, Santos Cerdán, fuese arrestado por sospechas de soborno, conspiración criminal y tráfico de influencias.
Los cargos se relacionan con presuntas comisiones ilegales en contratos públicos de 500 millones de euros que implican a Cerdán, al exministro de Transporte José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García.
El escándalo se agravó tras la difusión de grabaciones en las que Ábalos y García discutían sobre compartir prostitutas. Ambos niegan cualquier irregularidad.
El hermano de Sánchez, David, también enfrenta un juicio por uso indebido de fondos públicos, acusado de percibir un salario público sin acudir a trabajar. Niega los hechos.
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