A lo largo de la última semana, varios políticos en las Baleares han formulado nuevas exigencias para establecer controles e incluso límites a la adquisición de propiedades por parte de extranjeros en la región, y parece ser que el Gobierno español comparte su preocupación. La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha abogado esta semana por que Europa permita a los Estados miembros tomar medidas en zonas tensionadas afectadas por subidas de precios ‘descontroladas’ y por la presión turística, con iniciativas como prohibir la compra de vivienda con fines especulativos y la venta de vivienda protegida a fondos buitre.
Esto fue trasladado por la ministra en una reunión de trabajo con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, a la que también asistieron el Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el Director General de Vivienda y Suelo, Javier Martín.
La ministra y el consejero abordaron otros asuntos de interés, como el Plan Estatal de Vivienda, la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado tensionado, la necesidad de regular el mercado de alquiler turístico y los avances de las inversiones del Ministerio en el archipiélago.
El Ministerio recordó en un comunicado que el Gobierno español transferirá 222,6 millones de euros a Canarias durante los próximos cinco años para políticas de vivienda pública. Esto implica que la inversión total representará un incremento del 373% con respecto al vigente Plan Estatal.
Durante el proceso, el Ministerio y Canarias han acordado incluir diversas peticiones del gobierno autonómico. Entre ellas, figuran la financiación de los costes de gestión e implementación del Plan con fondos propios, mejoras en las ayudas para combatir la despoblación y movilizar viviendas vacías, y una mayor flexibilidad en las ayudas para los jovenes, entre otras.
En la reunión, Rodríguez se comprometió a priorizar el alquiler residencial frente a otras modalidades de arrendamiento. Defendió una regulación ‘valiente’ del alquiler turístico y la necesidad de avanzar en la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como área de mercado tensionado.