La ministra de Vivienda de España ha acusado al gobierno regional de Madrid de intentar atraer a más inversores extranjeros para que adquieran inmuebles en la capital.
En una reciente rueda de prensa en Bruselas, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acusó al gobierno autonómico madrileño, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, de pretender captar más inversión foránea para la compra de bienes inmuebles en la capital, en lugar de buscar soluciones a la crisis de vivienda del país.
Rodríguez acusó a Madrid de “promocionar” viviendas entre inversores extranjeros con “fines especulativos”.
Aseguró que esto es justo lo contrario de lo que persigue el gobierno de Pedro Sánchez, que es garantizar una “vivienda asequible” para toda la ciudadanía.
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“Quienes promueven o llaman a los inversores a comprar bloques de viviendas al por mayor”, declaró, “van en contra de las prioridades del Estado”.
“Ya no son solo dos, tres o cuatro viviendas, sino prácticamente barrios enteros de Madrid”, añadió. Por ello, considera que los inversores extranjeros están privando a los residentes de su derecho a la vivienda.
Reiteró que desea atraer inversión vinculada a la creación de más viviendas asequibles, “pero no con fines especulativos”.
“Hago un llamamiento a los inversores y a los promotores de vivienda social para que construyan vivienda asequible”, agregó la ministra socialista, explicando que estos contarán con el apoyo del gobierno español en forma de ayudas y financiación.
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A nivel europeo, Rodríguez enfatizó que existe margen para una acción más enérgica contra la especulación. Cree que el problema es global y requiere una respuesta coordinada.
“Consideramos importante que la UE siga dotando a los Estados miembros de herramientas para perseguir el fraude que observamos en el alojamiento turístico, incluidas las estancias temporales y el alquiler de habitaciones”, señaló.
Como ejemplos, Rodríguez citó medidas ya aprobadas por el ejecutivo español, como la modificación de la normativa sobre alquiler turístico, la retirada del mercado de viviendas ilegales y la supresión del visado dorado, que otorgaba residencia a extranjeros por invertir 500.000 euros en propiedad inmobiliaria en España.
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El gobierno también ha propuesto limitar la compra de no residentes extracomunitarios mediante un impuesto del 100 por cien, lo que esencialmente les haría pagar el doble.
Un estudio reciente de la inmobiliaria Lucas Fox reveló que los extranjeros compran más del 60 por ciento de las viviendas de lujo en España.
A principios de este año, un informe del Colegio de Registradores mostró que los compradores foráneos adquieren inmuebles en España a un ritmo nunca visto, con un crecimiento notable, especialmente en inversores mexicanos y estadounidenses en Madrid.
Inmobiliarias de la capital han constatado el aumento de compradores norteamericanos, así como el incremento de turistas procedentes de esa zona debido a la proliferación de rutas aéreas.
La reforma de la Ley de Vivienda llevada a cabo por los socialistas en el 2023 se considera ampliamente un fracaso, ya que no ha logrado frenar la espiral de precios de alquileres y viviendas en el país.
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