El gobierno izquierdista de España propuso este viernes blindar el derecho al aborto en la constitución. Esta iniciativa surge tras la polémica medida del ayuntamiento de Madrid, gestionado por el Partido Popular (PP), de informar a las mujeres sobre un presunto “síndrome postaborto”.
La controversia estalló el martes cuando el consistorio madrileño, controlado por el conservador Partido Popular, aprobó una propuesta de la extrema derecha que obligaba a los servicios médicos a notificar a las mujeres que solicitaban una interrupción voluntaria del embarazo sobre este supuesto síndrome.
La propuesta alegaba que dicho síndrome podía derivar en el consumo de alcohol y drogas, ideas suicidas y un mayor riesgo de cáncer.
Aseguraba, además, que la información sobre este síndrome estaba siendo “deliberadamente ocultada” y sostenía que el aborto es un “gran negocio” promovido por la ideología feminista.
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El PP defendió inicialmente las medidas, pero tras la polémica generada, el alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida reconoció el jueves que el síndrome postaborto no es una “categoría científica reconocida”.
También señaló que informar a las mujeres al respecto no sería obligatiorio.
El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, acusó este viernes al PP en X de “haber decidido fusionarse con la extrema derecha” y anunció su intención de presentar una proposición en el Parlamento para proteger el derecho al aborto en la Carta Magna.
Una reforma constitucional en España es un procedimiento complejo, ya que requiere una mayoría de tres quintos en la Cámara, lo que necesitaría del apoyo de diputados de la oposición conservadora.
España despenalizó el aborto en 1985 en casos de violación, malformación del feto o si el parto suponía un grave riesgo físico o psicológico para la madre.
El alcance de la ley se amplió en 2010 para permitir la interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de justificación durante las primeras 14 semanas de gestación.
Aún así, las españolas siguen enfrentando obstáculos, dado que muchos médicos del sector público se niegan a realizar el procedimiento.
Francia se convirtió el año pasado en el primer país del mundo en consagrar el derecho a interrumpir el embarazo en su constitución.