Los problemas legales que avergüenzan al gobierno izquierdista de España resurgieron con fuerza este martes, cuando el fiscal general fue formalmente enviado a juicio un día antes de la comparecencia judicial de la esposa del presidente del Gobierno.
Una serie de investigaciones dirigidas a familiares y antiguos aliados cercanos del premier socialista Pedro Sánchez han incrementado la presión sobre él y amenazan con el colapso de su coalición minoritaria.
El Tribunal Supremo envió formalmente a juicio este martes al fiscal general Álvaro García Ortiz, con una fianza de 150.000 euros (176.000 dólares), por presuntamente vulnerar el secreto judicial en perjuicio de la oposición de derechas.
Se acusa a García Ortiz de filtrar expedientes del caso de Alberto González Amador, un empresario investigado por presunto fraude fiscal y pareja de la influyente líder conservadora de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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Su Partido Popular (PP) ha acusado a los aliados de Sánchez de organizar la filtración para perjudicar a Ayuso, una figura emblemática de la derecha española.
Nombrado por el gobierno de Sánchez en 2022, García Ortiz ha negado haber filtrado información alguna sobre González Amador, ya sea personalmente o a través de su oficina.
Todavía no se ha anunciado una fecha, pero el juicio se volvió inevitable después de que su último recurso fuera rechazado en julio.
El PP renovó sus llamamientos para que García Ortiz dimitiera el martes, y su líder Alberto Núñez Feijóo escribió en X: “El daño institucional al que Pedro Sánchez somete a nuestro país es insoportable.”
El miércoles, la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, debe comparecer en un juzgado de Madrid acusada de malversación de fondos públicos, como parte de una investigación de larga duración sobre presunta corrupción y tráfico de influencias.
El juez instructor Juan Carlos Peinado inició este saga en abril de 2024 abriendo una investigación para determinar si ella explotó su posición para beneficio privado.
El último desarrollo se centra en si una funcionaria empleada en la oficina del premier, Cristina Álvarez, trabajó para Gómez durante su anterior puesto académico en la Universidad Complutense de Madrid.
Gómez negó cualquier irregularidad durante una audiencia judicial en diciembre de 2024, afirmando que “no tenía nada que ocultar”.
Sánchez ha desestimado las acusaciones contra su esposa, tachándolas de un intento de la derecha de socavar su gobierno, la cual ha exigido su dimisión.
Este mes, el premier afirmó que existían “jueces que hacen política y políticos que intentan hacer justicia” y denunció lo que describió como querellas espurias de grupos vinculados a la ultraderecha.
Investigaciones separadas por corrupción contra el hermano de Sánchez y dos antiguos pesos pesados socialistas también han sacudido al gobierno.