El fiscal general del Estado negó haber filtrado información legal confidencial en contra de la oposición conservadora, al declarar en su propio juicio el miércoles.
Álvaro García Ortiz se convierte en el primer fiscal general en activo de la historia de España en ser juzgado, un episodio más en la serie de controversias legales que persiguen al gobierno en minoría del socialista Pedro Sánchez.
Se acusa a García Ortiz de haber filtrado expedientes del caso sobre el empresario Alberto González Amador, quien está siendo investigado por un presunto delito fiscal y es pareja de Isabel Díaz Ayuso, la influyente líder derechista madrileña.
El Partido Popular (PP) de Ayuso ha acusado a García Ortiz —nombrado por el gobierno socialista de Sánchez en 2022— de orquestar la filtración para perjudicarla, una figura prominente de la derecha española a la que en ocasiones se ha señalado como futura líder nacional.
“Yo no filtré el correo”, afirmó García Ortiz, de 57 años, ante el tribunal del Supremo durante su declaración, añadiendo que las acusaciones constituían “una difamación”.
“La verdad nunca se filtra, se defiende sola”, sostuvo.
En 2024, varios medios informaron de que González Amador había propuesto un acuerdo de conformidad con la Fiscalía mediante el cual admitiría los presuntos delitos fiscales a cambio de evitar el juicio y la prisión.
El Tribunal Supremo inició la investigación contra García Ortiz tras una denuncia de González Amador, acusado de defraudar 350.000 euros (aproximadamente 400.000 dólares) a Hacienda en 2020 y 2021, cuando los ingresos de su empresa sanitaria se dispararon durante la pandemia de Covid-19.
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‘Me destruyó’
González Amador solicita cuatro años de prisión para García Ortiz y 300.000 euros por “el daño moral causado”.
Sus abogados lo han descrito como el blanco de una campaña del gobierno regional de Madrid para desviar la atención de los problemas legales de González Amador y proteger a Ayuso.
González Amador declaró ante el tribunal que su deseo era llegar a un acuerdo con la Fiscalía “de forma rápida y discreta” para no perjudicar a Ayuso.
“¡Con la publicación del correo, me convertí en el delincuente confeso del Reino de España! ¡Estaba muerto!”, afirmó González Amador la semana pasada.
García Ortiz “me había matado públicamente. Me había destrozado por completo”, añadió.
La Fiscalía ha solicitado la absolución de García Ortiz, y Sánchez ha reiterado en múltiples ocasiones su creencia en la inocencia del fiscal general.
De ser condenado, García Ortiz se enfrenta a una pena de hasta seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer como abogado.
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‘Es inocente’
Varios periodistas que tuvieron acceso a un correo electrónico filtrado con los detalles del posible acuerdo declararon ante el tribunal que no lo recibieron de García Ortiz.
José Precedo, del medio digital El Diario y el periodista que destapó la correspondencia, aseguró al tribunal que García Ortiz “nunca me pasó un documento en los 22 años de mi carrera”.
“Sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo revelarla por el secreto profesional”, añadió Precedo durante su declaración la semana pasada.
El sonado juicio, que comenzó el 3 de noviembre, tiene previsto concluir este jueves.
Investigaciones por corrupción separadas dirigidas contra la mujer y el hermano del presidente, así como contra dos exdirigentes socialistas, han amenazado con derribar a Sánchez, quien llegó al poder en 2018 prometiendo limpiar la política española.
El PP ha exigido repetidamente la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones generales anticipadas, acusando a su gobierno en minoría de practicar una corrupción generalizada.
Sánchez ha afirmado que las acusaciones de corrupción contra su esposa y su hermano forman parte de una “campaña de desprestigio” puesta en marcha por la derecha.
El mes pasado aseguró ante una comisión del Senado que la financiación del Partido Socialista era “absolutamente limpia”.