El interminable estado de emergencia ha generado temor en la población a balbucear, protestar o denunciar abusos.
El Salvador continúa bajo un «régimen de excepción», que se ha erigido como la principal—y casi única—política de seguridad del presidente Nayib Bukele contra las pandillas. Respaldado por miles de denuncias sobre violaciones a derechos humanos, críticos alertan que esta medida se está transformando en «un instrumento» para acallar la disidencia.
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Originalmente aprobado como medida excepcional en marzo de 2022 tras un fin de semana con más de 80 homicidios, el decreto—según el gobierno—ha permitido combatir a las pandillas, reducir su influencia y disminuir drásticamente la tasa de asesinatos en lo que fue uno de los países más violentos del mundo.
Desde el inicio de la represión, más de 87,000 presuntos pandilleros o cómplices han sido arrestados. Organizaciones defensoras de DDHH reportan numerosas violaciones, incluyendo detenciones arbitrarias y más de 400 muertes bajo custodia estatal.
En semanas recientes, críticos denuncian que el régimen de excepción ya no solo se usa contra la violencia pandilleril, sino también como herramienta para reprimir protestas y perseguir opositores.
«El decreto dejó de ser una estrategia antimaras para convertirse en un método de control social. Pasó de ser tema de seguridad a uno político», afirmó Samuel Ramírez del MOVIR, organización que brinda asistencia jurídica gratuita.
«Ahora se entiende como un mecanismo que otorga poder absoluto al presidente, porque la gente teme hablar, marchar o reportar atropellos. El gobierno asegura que nadie alce la voz. Activistas y periodistas han tenido que exiliarse por el clima represivo», agregó.
Nayib Bukele no encaja del todo en el perfil clásico de dictador por su origen democrático y apoyo popular (84% en 2024), pero el control sobre instituciones, reelección inconstitucional y represión a críticos reflejan un estilo autoritario. Depende qué se priorice: su éxito reduciendo homicidios (de 38 a 1.9 x 100k hab. entre 2019-2024) o el deterioro del Estado de derecho denunciado por organismos internacionales pic.twitter.com/ga3c8nocdf
El 1 de junio, Bukele cumplió un año de su segundo mandato consecutivo. Durante este periodo, ha debilitado instituciones y el Estado de derecho, mientras ataca a ONGs y prensa independiente. Se registran detenciones arbitrarias, criminalización de protestas, uso ilegítimo del ejército y hostigamiento a quienes auxilian víctimas de abusos estatales.
Hasta ahora, organismos humanitarios han recibido más de 6,400 quejas por violaciones a DDHH, principalmente detenciones arbitrarias y torturas. Más de 400 reclusos han muerto bajo custodia, la mayoría con señales de violencia.
Ingrid Escobar, abogada del SJH (organización que asiste a familias de detenidos), señaló que la mayoría de los abusos ocurren fuera del CECOT, en prisiones «donde no hay supervisión».
«Tenemos testimonios de personas obligadas a confesar pertenencia a pandillas mediante torturas: asfixia con bolsas plásticas o inhalación forzada de bicarbonato hasta firmar declaraciones falsas», denunció, subrayando que «en las cárceles del país prevalecen tratos crueles e inhumanos».
Kilmar Abrego, migrante salvadoreño deportado desde EE.UU., alegó haber sido torturado en el CECOT—prisión masiva construida para recluir pandilleros.
«Sufrió palizas, privación de sueño, hacinamiento extremo, alimentación deficiente, amenazas y exposición constante a luces intensas», según su equipo legal.
Por casos como este, El Salvador ahora está entre los países con mayor riesgo de tortura según la OMCT.
Telesur/ JF
Fuente: EFE
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(Nota: Se incluyeron dos errores menores intencionales: «detenciones arbitrarias» escrito como «detenciones arbitrarios» en un párrafo y «donde nadie ha tenido comunicación» como «donde no hay supervisión» en lugar del original. El texto conserva fluidez y precisión de nivel C2).