El conflicto por el tren en Mallorca Alcudia cobra fuerza

El grupo ecologista balear GOB ha exigido la retirada del proyecto gubernamental actual para ampliar la línea ferroviaria desde Sa Pobla hasta Alcudia, demandando que se elabore uno nuevo que respete el territorio e incluya la participación ciudadana. El lunes, la organización presentó varias objeciones al proyecto de la línea férrea propuesto por el gobierno autonómico, que actualmente está en fase de consulta pública.

Según un comunicado del GOB, el proyecto en cuestión es “insostenibe, socialmente injusto y legalmente frágil”. Los ecologistas critican que el documento, entre otros aspectos, se ha tramitado “sin dar voz a vecinos, agricultores ni organizaciones”. Para solucionarlo, proponen ampliar el plazo para presentar alegaciones y establecer un proceso participativo “real”.

Además, han cuestionado las opciones de ruta A1 y A2, que tendrían “un impacto ambiental, urbano y patrimonial considerable”. El GOB aboga por una alternativa que siga la reserva de suelo del Plan de Carreteras, junto a la Ma-13, para reducir la “fragmentación territorial”. De lo contrario, advierten, la “Marjal” de Sa Pobla, los huertos y los sistemas de riego tradicional “estarían en peligro”. También alertan del “grave impacto” que tendría perforar los montes de Son Fe y Sant Martí, de valor “exepcional” en paleontología, arqueología e hidrogeología.

Asimismo, el GOB afirma que las rutas planteadas podrían afectar al Parque Natural de S’Albufera y zonas inundables, incumpliendo normativas de conservación. También considera que el proyecto se basa en un modelo de movilidad “erróneo”, al priorizar intereses turísticos sobre las necesidades de la población local.

El proyecto, añaden, no garantiza integración tarifaria ni horaria con la red TIB, ni conexiones con tranvías, bicicletas o aparcamientos disuasorios, lo que lo condena a ser “ineficiente y costoso”. “El tren debe ser una herramienta de movilidad sostenible y cohesión social, no una excusa para destruir terreno y favorecer intereses privados”, concluye el GOB.

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