El camino hacia el reconocimiento oficial del catalán en las instituciones de la UE continúa suscitando debate en Europa.
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Una cuestión que lleva años planeando sobre Bruselas ha sido colocada de nuevo con firmeza sobre la mesa por el ministro de Asuntos Exteriores de España. Afirma que el catalán se convertirá, tarde o temprano, en lengua oficial de la Unión Europea.
En una intervención en Catalunya Ràdio, el ministro José Manuel Albares mantuvo un tono sereno pero seguro. Eludió los plazos y dejó claro que las negociaciones siguen su curso, mas su mensaje fue inequívoco: el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego no es una cuestión de *si* ocurrirá, sino de *cuándo*.
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Por qué España impulsa el tema ahora
Albares esgrime un argumento que ha repetido en los últimos meses: el catalán lo hablan unos 10 millones de personas, más que algunos idiomas que ya gozan de estatus oficial pleno en la UE.
Desde la perspectiva española, esta realidad hace que la situación actual sea cada vez más difícil de justificar. Si el maltés o el irlandés pueden emplearse en debates y documentos europeos, sostiene Madrid, el catalán merece el mismo trato.
Entre bastidores, España ha mantenido reuniones con los países que permanecen escépticos. Albares reconoció que algunos estados miembros aún tienen “dudas”, pero pidió discreción, alegando que las negociaciones son delicadas y continúan.
Lo que no hizo fue nombrar a los países que bloquean la iniciativa, una señal de que Madrid intenta evitar que el asunto derive en un enfrentamiento público.
La política nacional complica el panorama
Aunque Albares evitó señalar a actores externos, fue menos comedido al referirse a la política interna. Sin citar nombres en un principio, criticó a actores políticos españoles que, a su juicio, trabajan activamente en contra de la propuesta.
Sus declaraciones fueron interpretadas ampliamente como dirigidas al Partido Popular (PP), al que acusó de presionar a gobiernos conservadores europeos para que se opongan al plan.
“Eso me duele”, afirmó Albares, añadiendo que bloquear el reconocimiento del catalán perjudica, en última instancia, a los propios españoles.
El tema está íntimamente ligado a la política parlamentaria española. El impulso para convertir al catalán en lengua oficial de la UE forma parte del acuerdo político entre el PSOE y el partido independentista catalán Junts, que apoyó la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso.
Para los críticos, este vínculo debilita la credibilidad de la propuesta. Para sus defensores, simplemente refleja la realidad de la política de coaliciones en España.
Por qué lleva tanto tiempo
Otorgar a una lengua el estatus oficial en la UE no es un gesto simbólico. Conlleva consecuencias financieras, jurídicas y administrativas, desde servicios de traducción hasta procedimientos parlamentarios.
Fundamentalmente, la decisión requiere la aprobación unánime de los 27 estados miembros. Esto implica que un solo país puede paralizar el proceso indefinidamente.
Algunos gobiernos recelan de los costes implicados. Otros temen que reconocer el catalán pueda alentar demandas similares de lenguas regionales dentro de sus propias fronteras.
Esto ayuda a explicar por qué, pese al *lobbying* español, los avances han sido lentos, y por qué Albares tuvo cuidado de no prometer resultados inmediatos.
Qué ocurrirá a continuación
Por ahora, el catalán permanece fuera de la lista de lenguas oficiales de la UE. Albares no ofreció plazos ni garantías, solo una clara dirección de marcha.
España seguirá negociando. Es probable que la resistencia persista. Y la decisión final, whenever llegue, será tan política como cultural.
No obstante, el mensaje desde Madrid es claro: no se trata de una demanda pasajera. Ya tome meses o años, España pretende seguir presionando hasta que el catalán –junto con el euskera y el gallego– obtenga finalmente un asiento en la mesa lingüística de Europa.
Y en Bruselas, donde la paciencia suele ser la moneda del progreso, puede que así sea precisamente como el cambio termine por producirse.
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