El conflicto en Oriente Medio conlleva un coste económico inevitable. En Mallorca, los transportistas fueron los primeros en alertar sobre el incremento de los costes y sus consecuencias para los consumidores. Posteriormente, los constructores de la isla expresaron su inquietud por el alza en los materiales y una posible desaceleración del sector. Ahora, los distribuidores han sumado sus voces a la preocupación general.
Bartolomé Servera, presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentación y Bebidas de Baleares, señala que los fabricantes europeos ya han advertido sobre subidas en los precios de los alimentos. Aclara que los productores españoles aún no han trasladado dichos incrementos, «pero no tardarán en hacerlo».
La magnitud de las alzas aún es incierta, pues dependerá de la duración del conflicto, aunque Servera añade que «será peor que en 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania». La inflación en España superó el diez por ciento en julio de 2022. Con este nuevo conflicto, el impacto podría ser mucho mayor (de nuevo, en función de su prolongación). Esto se debe, especialmente, a que por el Estrecho de Ormuz transita el 20% del petróleo y el gas mundial.
En línea con lo expresado por los transportistas hace unos días, Servera explica que las empresas del sector ya han comenzado a subir sus tarifas. El gasóleo, por ejemplo, ha aumentado 32 céntimos por litro, algo más de un 20%. Todos los productos alimenticios se verán afectados. «Leche, huevos, pan, fruta… Todo requiere combustible y electricidad para su producción y transporte, por lo que no escaparán a los costes crecientes y los productores se verán obligados a trasladarlos al consumidor».
Como ya hizo al inicio de la guerra en Ucrania, el Gobierno español prepara un paquete de ayudas para paliar las subidas de precios. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, afirma que el Ejecutivo «intervendrá para proteger a las familias y a la clase trabajadora». «Lo haremos, y es muy importante poder controlar los precios. El Gobierno está desarrollando un conjunto de medidas para proteger a la ciudadanía del impacto de esta guerra ilegal en el coste de la vida y la energía».